Activistas propalestinos protagonizan una de las huelgas de hambre más largas del Reino Unido

Un grupo de activistas propalestinos encarcelados en el Reino Unido sostiene una de las huelgas de hambre más extensas registradas en el país en las últimas décadas, en medio de crecientes advertencias por el deterioro de su estado de salud y de cuestionamientos al uso de la legislación antiterrorista contra la protesta política.

Heba Muraisi, una activista londinense de 31 años, lleva 73 días sin ingerir alimentos mientras permanece detenida en la prisión HMP New Hall, en el norte de Inglaterra. En una comunicación transmitida a CNN a través del grupo Prisoners for Palestine, Muraisi aseguró ser plenamente consciente del impacto físico de la huelga. “Mis órganos se están deteriorando lentamente”, afirmó, al describir dolores en el pecho, espasmos musculares y una marcada debilidad general.

Junto a ella, Kamran Ahmed, de 28 años, atraviesa su día 66 de ayuno. Según su familia, su estado es crítico: fue hospitalizado recientemente por una complicación cardíaca y los médicos detectaron un debilitamiento del músculo del corazón, además de una frecuencia cardíaca peligrosamente baja y episodios de pérdida auditiva intermitente.

Ambos forman parte del grupo conocido como los “Filton 24”, activistas vinculados a Palestine Action que fueron arrestados en noviembre de 2024 tras una protesta en una instalación de la empresa israelí Elbit Systems, dedicada a la fabricación de armamento. La Fiscalía los acusa de robo, daños a la propiedad y conspiración por un hecho que habría causado pérdidas estimadas en un millón de libras esterlinas. Los acusados niegan los cargos y permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.

Aunque no enfrentan cargos bajo la legislación antiterrorista, fueron inicialmente detenidos e interrogados bajo ese marco legal, una decisión que fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos. Meses después, el gobierno británico prohibió a Palestine Action, equiparándola legalmente a organizaciones terroristas, una medida que generó un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país.

Los huelguistas denuncian que llevan más de un año detenidos sin condena y que no comparecerán ante un tribunal hasta junio de 2026, lo que implicaría casi 20 meses de prisión preventiva. Entre sus principales demandas figuran la libertad bajo fianza inmediata, el levantamiento de las restricciones a sus comunicaciones, la revocación de la prohibición de Palestine Action y el cierre de las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que los detenidos recibirán un juicio justo y que su atención médica se ajusta a los protocolos vigentes. Un portavoz afirmó que el gobierno no puede intervenir en procesos judiciales en curso y que muchas de las exigencias planteadas exceden sus competencias. El ministro de Prisiones, James Timpson, remarcó que las huelgas de hambre no son inusuales en el sistema penitenciario y que no se harán excepciones en el trato a los detenidos.

Sin embargo, familiares y defensores sostienen que este caso es distinto. Comparan la protesta con históricas huelgas de hambre de carácter político, como la del republicano irlandés Bobby Sands en 1981, y advierten que los activistas no abandonarán su medida de fuerza. “Lo que reclaman es más importante para ellos que su propia vida”, afirmó Shamima Alam, hermana de Ahmed.

El caso generó preocupación internacional. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y relatores especiales de la ONU alertaron sobre el impacto de la detención preventiva prolongada y las restricciones a la comunicación, que consideran una amenaza más amplia a los derechos democráticos. En paralelo, más de 50 parlamentarios británicos pidieron al gobierno que revise su postura y que se reúna con los representantes legales de los huelguistas “como un acto de humanidad”.

Mientras se espera una decisión judicial sobre la legalidad de la prohibición de Palestine Action, familiares y simpatizantes aseguran que la huelga de hambre continuará, en un contexto de creciente presión pública y de alarma por la salud de los detenidos.