Chubut analiza avanzar en la desfederalización del narcomenudeo

El Gobierno de Chubut avanza en la conformación de una mesa de análisis para evaluar la posible desfederalización del narcomenudeo, con el objetivo de fortalecer las herramientas de intervención frente al narcotráfico en el ámbito provincial.

La iniciativa fue impulsada tras una reunión entre el gobernador Ignacio Torres y autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, en la que se abordaron aspectos técnicos y operativos vinculados a la eventual adhesión de la provincia a la normativa nacional que permite este esquema.

La propuesta apunta a transferir a la Justicia provincial la investigación de delitos vinculados al comercio minorista de estupefacientes, que actualmente se encuentran bajo jurisdicción federal. De concretarse, permitiría una intervención más directa en el territorio, con mayor capacidad de respuesta por parte de fiscales, jueces y fuerzas de seguridad locales.

En ese marco, la mesa de trabajo tendrá como objetivo analizar los recursos necesarios, las competencias a asumir y las condiciones operativas para implementar el nuevo esquema. También se evaluará el rol del Estado nacional en la provisión de financiamiento, infraestructura y equipamiento para garantizar una transición ordenada .

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar el crecimiento del narcomenudeo en los barrios, con políticas orientadas a mejorar la investigación criminal y fortalecer la prevención.

Además, se prevé que, en caso de avanzar con la adhesión a la ley nacional, se impulse la creación de una Unidad Antinarcóticos provincial, destinada a coordinar acciones, desarrollar investigaciones y diseñar políticas específicas en la materia.

Las autoridades remarcaron que la desfederalización del narcomenudeo es un debate pendiente desde hace años y que su implementación requiere un análisis integral que contemple tanto los aspectos legales como los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

El proceso se inscribe en una agenda de articulación entre Nación y provincia, orientada a mejorar la capacidad institucional para combatir el narcotráfico y dar respuestas más eficaces a un problema que impacta de manera directa en la seguridad y en el tejido social.