Desde diciembre la Unión Europea solo importará soja libre de deforestación: un desafío que puede transformarse en oportunidad
A partir de diciembre, la Unión Europea (UE) dejará de importar soja proveniente de lotes que hayan sido deforestados desde 2021, en cumplimiento del nuevo reglamento ambiental del bloque. La medida impactará directamente en Argentina, que exporta más del 20% de su producción de soja al mercado europeo, y podría significar la pérdida de USD 4.000 millones anuales si el país no se adapta.
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinó que el costo de adecuarse a las nuevas exigencias oscilaría entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada, un valor considerado bajo en comparación con el precio internacional del grano, que ronda los 400 USD. “La cadena de la soja es la que genera el mayor valor agregado a la economía argentina. De los 50 millones de toneladas producidas cada año, el 80% se industrializa como harina, aceite y biodiesel, y una quinta parte de esas exportaciones se dirige a la UE”, explicó Silvina Dal Pont, docente de Economía General de la FAUBA.
Dal Pont advirtió que la Comisión Europea calificó a la Argentina como un país de “riesgo medio de deforestación”, por lo que será obligatorio demostrar el origen libre de desmonte de la soja exportada. Para ello, las empresas deberán contratar servicios de verificación que incluyan imágenes satelitales, auditorías externas e infraestructura de trazabilidad. “Los costos son muy bajos en relación con el precio internacional, y la adaptación podría incluso beneficiar a los productores locales”, señaló la investigadora.
El estudio, publicado en la revista Agronomía y Ambiente, analizó tres escenarios posibles:
- Si cada exportador adapta su estructura individualmente, el costo asciende a 4,20 USD/tonelada.
- Si diferencian la soja según destino (Europa o mercado local), el costo se reduce a 3,55 USD/tonelada.
- Y si actúan de manera conjunta a través de plataformas como VISEC, el costo baja a 1,28 USD/tonelada.
Para Ulises Martínez Ortiz, también docente de Economía General, el escenario colectivo “es el óptimo”, ya que permite bajar costos y mejorar la trazabilidad del producto. Además, indicó que los productores podrían recibir una prima de hasta 0,75 USD/tonelada por la soja certificada, lo que implicaría ingresos adicionales de más de 5 millones de dólares anuales solo por las exportaciones a la UE.
Martínez Ortiz recordó que el agro argentino “ya demostró su capacidad de adaptación” frente a exigencias internacionales, como las que se aplican al mercado del biodiesel desde 2008. “Lejos de ser una barrera, esta regulación puede convertirse en una oportunidad para posicionar al país en mercados más exigentes y sostenibles, donde el valor ambiental y la trazabilidad comienzan a ser diferenciales clave”, concluyó.