Ecuador inaugura su nueva cárcel de máxima seguridad y traslada a los primeros 300 reclusos

Ecuador puso en marcha su nueva cárcel de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, una de las principales promesas del presidente Daniel Noboa para combatir la crisis penitenciaria. El complejo, con capacidad para 736 reclusos, recibió a sus primeros 300 internos catalogados como de alta peligrosidad, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, figura emblemática del correísmo.

El traslado se concretó apenas un día después de una nueva masacre carcelaria en Machala, donde 31 presos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales. Según el gobierno, los incidentes estuvieron vinculados al movimiento de reclusos hacia el nuevo penal, una medida rechazada por parte de los detenidos.

Bautizado como “Cárcel del Encuentro”, el centro penitenciario fue construido con un presupuesto de USD 52 millones por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del grupo español Grupo Puentes y asociada a la estatal china China Road and Bridge Corporation. El complejo comenzó a edificarse en junio de 2024 y es presentado por Noboa como un emblema de su política de “mano dura” contra el crimen organizado, inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.

De acuerdo con Página/12, la prisión se levanta en una zona aislada de Santa Elena, una de las provincias más golpeadas por la violencia. Noboa defendió la medida afirmando que el traslado busca garantizar la seguridad interna y evitar la fuga de líderes criminales. Sin embargo, el anuncio generó controversia por la inclusión de Jorge Glas, sobre quien pesan tres condenas por corrupción.

Horas después de su llegada, el mandatario confirmó en redes sociales la presencia del exvicepresidente en la nueva cárcel y escribió: “Bienvenido a tu nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, en alusión a futuras reubicaciones. El mensaje provocó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, que acusan al gobierno de vulnerar garantías básicas y desoír las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La defensa de Glas denunció un “acto de desacato e intimidación”, alegando que el traslado se realizó sin notificación previa, sin informe médico ni intervención de la mesa técnica ordenada por la Corte IDH. “Es una transgresión grave de la Convención Americana”, sostuvo su abogada, Sonia Vera, quien reiteró que el exvicepresidente se encuentra en condiciones de salud delicadas.

Desde su llegada al poder en 2023, Noboa impulsa una profunda reestructuración del sistema penitenciario tras los episodios de extrema violencia registrados en los últimos años. Desde 2021, más de 600 reclusos han muerto en motines y enfrentamientos entre bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, que disputan el control de las cárceles.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la nueva prisión cuenta con “tecnología de punta” para impedir el ingreso de armas o teléfonos celulares y que dispone de instalaciones médicas internas para evitar traslados a hospitales. La custodia estará a cargo de policías y militares retirados, reemplazando al personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Desde enero de 2024, la mayoría de las prisiones ecuatorianas permanecen militarizadas bajo el decreto de “conflicto armado interno” emitido por Noboa. La medida respondió al incremento de la violencia criminal que convirtió a Ecuador en uno de los países más peligrosos de América Latina, con el índice de homicidios más alto de la región.

La apertura del nuevo penal coincide con una semana políticamente decisiva para el presidente, que promueve un referéndum constitucional para instalar una Asamblea Constituyente y habilitar bases militares extranjeras. Mientras tanto, la imagen de Noboa se consolida ante parte de la población que respalda su estrategia de endurecimiento, aunque enfrenta crecientes cuestionamientos por sus implicancias en materia de derechos humanos.