El Gobierno intervino el Puerto de Ushuaia por irregularidades financieras y fallas operativas

El Gobierno nacional oficializó la suspensión y posterior intervención del Puerto de Ushuaia luego de detectar irregularidades en el manejo de fondos y múltiples falencias en su funcionamiento. La medida fue dispuesta tras una denuncia impulsada por sindicatos portuarios de Tierra del Fuego y quedará vigente, en principio, por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cuenta con el aval del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Miguel Arreseygor. A partir de su entrada en vigencia, prevista para este viernes, el Estado nacional asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto.

Según se detalló oficialmente, la intervención alcanza exclusivamente a la infraestructura portuaria, maquinaria, equipamiento, instalaciones y a todo lo vinculado con la operación dentro de la jurisdicción terrestre y los espacios acuáticos correspondientes al puerto.

El origen del conflicto se remonta a la promulgación de la Ley Provincial N° 1596, que dio lugar a la creación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Dicha norma establecía que el financiamiento del nuevo sistema de salud se realizaría con recursos provenientes del superávit generado por el Puerto de Ushuaia en 2024 y 2025, una situación que generó fuerte preocupación en los gremios del sector por el impacto que podría tener en la autonomía financiera y operativa de la Dirección Provincial de Puertos, según consignaron informes difundidos por medios nacionales.

A partir de estas advertencias, se ordenó una inspección que se llevó a cabo entre septiembre y octubre del año pasado. El relevamiento arrojó resultados alarmantes: se constató un importante deterioro estructural del muelle, fallas en los sistemas de seguridad, deficiencias en el mantenimiento general, problemas en la gestión ambiental y carencias tecnológicas.

Otro de los puntos críticos fue el bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba apenas el 1,3% del total de los recursos disponibles, mientras que la mayor parte de los fondos se destinaba a gastos de personal y préstamos. Además, se detectó la ausencia de protocolos formales para la operación simultánea de cargas y pasajeros, así como la falta de auditorías y estándares mínimos en seguridad informática.

Frente a este escenario, la ANPyN resolvió que la Gerencia de Coordinación Técnica asumirá el rol de Unidad Ejecutora de la intervención, con facultades para dictar normas operativas que garanticen la continuidad y seguridad de los servicios portuarios. Esta dependencia deberá, además, elevar informes periódicos a la autoridad nacional y cumplir las directivas que se impartan durante el proceso.

La resolución también habilita a solicitar asistencia técnica y administrativa a la Administración General de Puertos S.A.U., sin que ello implique transferencia de personal ni modificaciones en las relaciones laborales vigentes. El personal afectado continuará desempeñándose bajo las condiciones actuales, asegurando la normal prestación de los servicios.

Finalmente, se dispuso la notificación formal a los organismos involucrados, entre ellos la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Gobierno provincial y las prestadoras de servicios públicos, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento durante la intervención. También se instruyó a la Caja Previsional fueguina para que defina el esquema de aportes de los trabajadores mientras dure la medida.