California impone restricciones a los operativos de ICE y prohíbe guantes de electrochoque
Propone restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración. Además, prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en ese estado.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó diversos proyectos de ley para contrarrestar la agenda migratoria de Donald Trump entre los que se incluye la prohibición de que la policía use guantes de descarga eléctrica, granadas aturdidoras y cargas explosivas; impedimento a los agentes de ICE con faltas graves para ser funcionarios públicos y la imposición de impuestos para los centros de detención de inmigrantes.
«Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado», contrapuso Newsom al promulgar las normas. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos criticó duramente las nuevas leyes, afirmando que «ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro».
La respuesta de Newsom ataca distintas políticas impulsadas por la Casa Blanca. La más resonante fue el anuncio hecho el mes pasado de la firma de un contrato de 20 millones de dólares para adquirir los guantes CTG-5, destinados a los agentes del ICE. Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que, al activarse y tocar directamente la piel de una persona, no funcionan a través de la ropa, emiten pulsos eléctricos para causar dolor. La prohibición anunciada por Newsom entrará en vigor el próximo año y se mantendrá vigente hasta 2030.
California propone restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración. Además, prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California. Newsom también firmó un proyecto para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención de ICE, entre las que se cuenta un nuevo impuesto del 25% sobre estas cárceles privadas y cierra una laguna legal que permitía a algunas de estas instalaciones acogerse a la exención fiscal. «Si no podemos eliminar las instituciones privadas que funcionan en California, iremos tras sus ganancias y las devolveremos a la comunidad», aseguró Newsom. Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales —incluidos los agentes federales de inmigración— si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales.