Milei busca revertir la sentencia por la expropiación de YPF con el respaldo político de Trump

El Gobierno del presidente Javier Milei encara una instancia clave en los tribunales de Estados Unidos: busca revocar la sentencia por USD 16.000 millones dictada en 2023 por una jueza federal de Nueva York a favor de los antiguos accionistas de YPF S.A., afectados por la expropiación de la compañía en 2012. La audiencia oral de la apelación argentina se celebrará este miércoles en Manhattan, ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, y es considerada uno de los mayores desafíos judiciales internacionales que enfrenta el país.

El caso —que durante años simbolizó la desconfianza hacia la inversión extranjera en Argentina— cobra ahora una nueva dimensión política. Según Bloomberg Línea, el acercamiento de Milei con el expresidente estadounidense Donald Trump, sumado al rescate financiero de USD 20.000 millones del Tesoro norteamericano, habría fortalecido la posición argentina frente a los mercados e inversores. Ese respaldo, junto con la intervención de Washington en el mercado local de divisas, también se interpreta como un factor que contribuyó a la reciente victoria del oficialismo en las elecciones de medio término.

Sin embargo, los jueces que integran el tribunal —José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson— no tomarán en cuenta consideraciones políticas al momento de evaluar el caso. La apelación se centra exclusivamente en el análisis legal de la sentencia dictada por la magistrada Loretta Preska, quien había determinado que la expropiación de YPF violó los estatutos de la empresa al omitirse una oferta pública de adquisición.

Una disputa de largo aliento

El proceso enfrenta al Estado argentino con el fondo británico Burford Capital Ltd., especializado en financiar litigios internacionales, que adquirió los derechos de los exaccionistas. Incluso si el tribunal de apelaciones ratifica la condena, los demandantes enfrentarán grandes dificultades para cobrar la sentencia, ya que Argentina ha evitado hasta ahora iniciar negociaciones formales para un acuerdo.

El profesor Mark Weidemaier, de la Universidad de Carolina del Norte, sostuvo que el actual contexto político refuerza la posición argentina: “Si un gobierno está en auge, no tendrá muchos motivos para llegar a un acuerdo, a menos que el acreedor logre perturbar su acceso al mercado”.

Por su parte, Mike Fragoso, abogado de los antiguos accionistas representados por Burford, afirmó que “la decisión inteligente para el Gobierno de Milei sería dejar atrás este asunto y avanzar en la economía global sin la carga que este caso les ha supuesto y les seguirá suponiendo”.

Los inversores internacionales observan el litigio con atención, conscientes de que un fallo desfavorable podría afectar la reputación crediticia del país. No obstante, el consenso entre analistas es que la disputa legal podría prolongarse durante meses o incluso años, dado que la parte perdedora aún podría solicitar una revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que acepta muy pocos casos por año.

Antecedentes y posibles escenarios

La jueza Preska dictó la cuantiosa condena en 2023 tras considerar que la Argentina violó las normas corporativas de YPF durante su nacionalización. En la apelación, el país planea argumentar que el caso no debió tramitarse en un tribunal estadounidense, planteando así una objeción de jurisdicción.

Aunque el fallo final podría demorar, Preska ya autorizó a los demandantes a intentar cobrar la sentencia, lo que derivó en una batalla paralela sobre los activos argentinos. Entre ellos, los exaccionistas intentaron quedarse con el 51% de participación estatal en YPF, aunque el Segundo Circuito suspendió esa orden en junio, a la espera de una apelación separada.

Según Weidemaier, la posición de Burford es “más débil” que la que tuvo Paul Singer —de Elliott Management— en la histórica disputa por la deuda argentina de 2001, que terminó en 2016 con un acuerdo por USD 4.700 millones. “Dado que este caso no está vinculado a deuda soberana, a los demandantes les resultará más difícil presionar sobre las nuevas emisiones de bonos argentinos”, explicó el académico.

Aun así, los fondos litigantes podrían seguir presionando por la entrega de las acciones estatales en YPF. El profesor Julian Ku, de la Universidad de Hofstra, advirtió que “Burford puede hacerle la vida imposible a Argentina, y cuentan con una jueza motivada para ejecutar la orden”.

El papel de Estados Unidos y el factor político

Tanto la administración de Trump como la de Joe Biden expresaron su apoyo a la posición argentina respecto de la inmunidad de los bienes soberanos. En un escrito presentado en noviembre de 2024, el Departamento de Justicia estadounidense reiteró que “los bienes soberanos extranjeros ubicados fuera del territorio estadounidense no están sujetos a ejecución judicial”.

Washington argumentó además que permitir el embargo de las acciones de YPF podría sentar un precedente peligroso que habilite a otros países a hacer lo mismo con los activos de Estados Unidos.

Pese a ese respaldo, algunos observadores creen que la afinidad entre Milei y Trump podría derivar en una salida negociada. “Podría tratarse de un acuerdo al estilo Trump, en el que Argentina cierre este litigio y Estados Unidos garantice la protección de los inversores estadounidenses”, opinó Ku.

Por ahora, el futuro del caso YPF sigue abierto. Lo que está en juego no es solo una suma multimillonaria, sino también la credibilidad financiera y diplomática de la Argentina frente a los mercados internacionales.