Gobierno de Colombia se adhiere al Consenso de Ginebra, que cuestiona el derecho al aborto

Colombia volvió a adherirse a la «Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia», una iniciativa internacional que sostiene que «no existe un derecho internacional al aborto» y que las políticas sobre esta práctica deben ser definidas por cada Estado. «Colombia se adhiere a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia», informó Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en la tarde de este jueves. «Reconocemos que no existe un derecho internacional al aborto y que los Estados no tienen la obligación de promoverlo o facilitarlo», agregó.

La declaración fue creada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, con el apoyo de varios gobiernos conservadores, entre ellos el de Jair Bolsonaro en Brasil. Actualmente, está respaldada por 40 países, a los que se suma Colombia. El documento sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y establece que «en ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar». Además, señala que «el niño necesita salvaguardas y cuidados especiales antes y después del nacimiento».

En su intervención, Ordóñez afirmó que la adhesión «no tiene efectos jurídicos» y que sus efectos son políticos, porque los asuntos jurídicos se definen «de acuerdo con las normas y los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico». Es decir, la adhesión tiene un carácter político y diplomático. La declaración no es un tratado internacional y, por sí misma, no modifica las leyes de los países que la suscriben. Esto significa que la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella no cambia las normas que actualmente existen en Colombia sobre el aborto.

Sin embargo, el contenido de esta declaración contrasta con la jurisprudencia colombiana. En 2022, la Corte Constitucional amplió la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación, mediante la Sentencia C-055. Después de ese plazo, el aborto continúa permitido bajo las tres causales que el alto tribunal había establecido en 2006: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, cuando existe una grave malformación del feto que hace inviable su vida fuera del útero o cuando el embarazo es resultado de una violencia sexual o incesto. La decisión de 2022 fue el resultado de más de dos décadas de jurisprudencia sobre el aborto. La Corte ha señalado que esta discusión también involucra derechos como la dignidad humana, la autonomía, la igualdad, la libertad de conciencia y la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Desde entonces, distintos sectores han intentado revertir el derecho. El más reciente llegó al Congreso en julio de 2026 con un proyecto de acto legislativo que propone modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer que la vida se protege «desde la fecundación». Sus promotores sostienen que buscan precisar el alcance del derecho a la vida. Expertas en derecho constitucional y derechos sexuales y reproductivos, en cambio, advierten que una reforma de este tipo podría terminar restringiendo el aborto y afectar otros derechos reproductivos.

Esta no es la primera vez que Colombia hace parte del Consenso de Ginebra. En mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, Alejandro Ordóñez, también embajador ante la OEA, anunció la adhesión del país a la declaración. En ese momento, el documento reunía a 36 Estados y Colombia se convirtió en uno de sus integrantes. Pocos meses después, el gobierno de Gustavo Petro decidió retirar al país de la declaración. La Cancillería argumentó entonces que reconocía los derechos de las mujeres y las niñas y que el acceso al aborto legal y seguro hacía parte de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Ahora, la adhesión se suma a la posición que Colombia presentó el pasado 7 de octubre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde tomó distancia de la expresión «salud y derechos sexuales y reproductivos», delimitó su interpretación del concepto de género y cuestionó términos como discriminación interseccional y racismo estructural. Ambas decisiones hacen parte de la posición que el actual Gobierno está llevando a escenarios internacionales frente a los derechos sexuales y reproductivos y las políticas de género.