Ecuador: Noboa destina millones a programa para jóvenes durante la recta final electoral
El Gobierno ecuatoriano impulsa una nueva fase de su programa social por 560 millones de dólares a pocas semanas de los comicios, desatando cuestionamientos en medio de graves urgencias nacionales y crisis social.
En medio de una profunda crisis económica, un sistema de salud al límite, infraestructura deteriorada y graves deficiencias en vialidad, el Gobierno de Daniel Noboa anunció una nueva etapa del programa social Jóvenes en Acción, iniciativa dotada con 560 millones de dólares y dirigida a 700.000 beneficiarios de entre 18 y 29 años, en un movimiento que coincide con la recta final del proceso electoral del próximo 29 de noviembre de 2026.
Los participantes recibirán un monto de 400 dólares mensuales. El primer pago se efectuará el 30 de octubre y el segundo está programado para el 27 de noviembre, es decir, apenas dos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas en la jornada convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta convocatoria llega apenas tres meses después de que el Ejecutivo instrumentó una entrega de dinero similar mediante el Decreto Ejecutivo 435. Esa convocatoria fue lanzada el 16 de junio con 150.000 cupos y un formato de tres meses que acumulaba hasta 1.200 dólares por beneficiario. Aunque el programa Jóvenes en Acción fue originalmente creado en noviembre de 2024 y declarado permanente hasta 2028, su repetición intensiva en períodos preelectorales evidencia una estrategia orientada a los comicios seccionales.
Urgencias nacionales frente a la inversión gubernamental
Diversos sectores señalan que, si bien la juventud ecuatoriana requiere oportunidades de empleo, educación y estabilidad ante la precaria situación socioeconómica, la asignación masiva de 560 millones de dólares responde a una lógica electoral y no a una solución integral de la crisis que atraviesa el país. El debate se centra en el uso de los recursos públicos frente a las múltiples emergencias que sufre la nación. Señalan que con una fracción de esa cifra se podría cubrir la deuda acumulada con las clínicas de dialización —la cual bordea los 400 millones de dólares— y garantizar la continuidad de los tratamientos vitales para miles de pacientes renales.