La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el tratado de extradición con Costa Rica
El pleno legislativo respaldó el instrumento con 88 votos a favor y 52 en contra, en una votación que evidenció la división entre las bancadas: el correísmo rechazó el acuerdo, mientras que Acción Democrática Nacional y sus aliados votaron por su aprobación. El tratado busca fortalecer la cooperación judicial y combatir la delincuencia organizada transnacional.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el tratado de extradición entre Ecuador y Costa Rica con 88 votos a favor, 52 en contra y ninguna abstención. La votación evidenció la división entre las bancadas legislativas: el correísmo rechazó el instrumento internacional, mientras que Acción Democrática Nacional y sus aliados respaldaron su aprobación. La moción fue presentada por la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo y contó con el respaldo de la bancada de ADN y sus aliados. Mientras tanto, el correísmo votó en contra del tratado, pero no logró impedir su aprobación.
Según las autoridades, el acuerdo busca fortalecer la cooperación judicial entre ambos países, facilitar la entrega de personas requeridas por la justicia y combatir la delincuencia organizada transnacional. El tratado fue suscrito el 8 de noviembre de 2021 en San José, Costa Rica, y está compuesto por 23 artículos. Durante el análisis del instrumento en la Comisión de Relaciones Internacionales de la asamblea, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que el acuerdo establece la obligación recíproca de extraditar, el principio de doble incriminación y las causales para negar una solicitud de extradición.
También contempla procedimientos, plazos y requisitos documentales, la extradición de nacionales, el principio de especialidad y las condiciones para una eventual reextradición. Estas disposiciones buscan establecer reglas para que los dos países puedan tramitar solicitudes de entrega de personas requeridas por sus respectivos sistemas judiciales. La aplicación del tratado también contempla garantías relacionadas con el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procedimientos de extradición. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes legislativas, la aprobación del tratado se enmarca en una serie de acuerdos de cooperación internacional que el Ejecutivo ecuatoriano impulsa para reforzar la lucha contra el crimen organizado y agilizar los trámites judiciales con otros países de la región.