El Gobierno retiene la reforma laboral mientras redefine tiempos políticos y legislativos
Aunque el borrador ya circula entre funcionarios y legisladores, la Casa Rosada aplazó la difusión oficial del proyecto. La decisión se vincula tanto a ajustes internos como a negociaciones por el control de comisiones en el Congreso.
El Poder Ejecutivo postergó nuevamente la publicación del proyecto de reforma laboral, pese a que sus principales lineamientos ya son conocidos por el oficialismo y por parte del Parlamento. La determinación sorprendió incluso a funcionarios que aguardaban el anuncio oficial, ya que el texto había sido presentado públicamente como una de las prioridades legislativas de la gestión. En la Casa Rosada señalaron que la definición final del documento quedó en suspenso, mientras se aguarda el regreso del presidente Javier Milei para destrabar los últimos detalles.
El aplazamiento se produce después de la reunión de cierre del Consejo de Mayo, donde se presentaron las conclusiones técnicas que alimentaron cada uno de los proyectos estratégicos del Gobierno, incluida la reforma laboral. Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el borrador difundido en los últimos días se asemeja en gran medida al texto definitivo y anticipó que el proyecto se conocería “en las próximas horas”. Sin embargo, funcionarios del propio Ejecutivo señalaron posteriormente que aún quedaban correcciones pendientes. En medio de esas explicaciones cruzadas, surgió otra versión: que la Presidencia ordenó no avanzar con la publicación hasta nuevo aviso, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes oficiales.
La demora también es observada de cerca en el Congreso, donde continúan las negociaciones por la conformación de comisiones clave para el tratamiento de iniciativas que el Gobierno planea discutir en sesiones extraordinarias. Legisladores del oficialismo admitieron que avanzar sin el texto presentado podría facilitar acuerdos preliminares y evitar tensiones anticipadas. En este contexto, emergen disputas internas por lugares estratégicos, como la presidencia de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social en el Senado, que aspira ocupar Patricia Bullrich.
Mientras algunos sectores del Gobierno proyectaban sancionar la reforma antes de fin de año, otros dirigentes consideran esos tiempos como poco realistas. El proceso de redacción tampoco estuvo libre de controversias. Uno de los debates más sensibles fue la posible limitación de las cuotas solidarias, pieza central del financiamiento sindical. Tras días de intensa discusión, se resolvió finalmente no incorporarla en el proyecto, una decisión que terminó de consolidarse luego de una reunión política encabezada por Adorni, Bullrich y Martín Menem junto con funcionarios del Gabinete.
La exclusión de ese punto generó posiciones encontradas: Federico Sturzenegger defendía la restricción argumentando que frenaría “peajes sindicales”, mientras que asesores de la Presidencia, incluidos Santiago Caputo y Julio Cordero, advertían que incluirla pondría en riesgo la aprobación general de la reforma. La CGT, por su parte, rechaza cualquier avance que condicione el aporte a la voluntad expresa de los trabajadores.
El proyecto de Modernización Laboral propone transformaciones amplias: cambios en regímenes especiales, en procesos judiciales vinculados al empleo, en el esquema de vacaciones, licencias y beneficios sociales, así como nuevas reglas de indemnización y regulaciones específicas para el trabajo por plataformas. Entre los puntos centrales se prevé una contribución del 3% de la masa salarial para financiar un Fondo de Cese Laboral, la eliminación de la ultraactividad de convenios colectivos, incentivos fiscales para nuevas contrataciones y mecanismos de regularización del empleo informal. También incorpora instrumentos como bancos de horas, flexibilización en el uso de vacaciones y la derogación de la Ley de Teletrabajo.