Biopesticidas: siete países de América y las nuevas oportunidades para ingresar al mercado

El mercado de biopesticidas atraviesa una transformación regulatoria y comercial que está modificando las estrategias de fabricantes, importadores y empresas de protección de cultivos. Durante 2025, Brasil registró un récord de 162 aprobaciones de productos clasificados como bioinsumos, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), mientras Estados Unidos mantiene un sistema específico de evaluación bajo la Agencia de Protección Ambiental (EPA). En paralelo, Argentina y México introdujeron cambios normativos y administrativos, mientras Perú, Chile y Colombia cuentan con procedimientos propios para estas tecnologías. El escenario abre oportunidades para nuevos desarrollos, pero también plantea desafíos de inversión, seguridad y competencia.

La expansión de los productos biológicos responde a la necesidad de diversificar las herramientas disponibles para el manejo de plagas y enfermedades. Microorganismos, sustancias bioquímicas, extractos vegetales y agentes de control biológico forman parte de una oferta tecnológica cada vez más amplia. Sin embargo, el ingreso a nuevos mercados exige mucho más que demostrar eficacia agronómica. Las compañías deben identificar la categoría regulatoria de cada producto, reunir estudios de seguridad, adaptar formulaciones y cumplir las exigencias de las autoridades nacionales. Una autorización obtenida en un país no garantiza el acceso automático a otro, incluso cuando se comercializan tecnologías similares.

Brasil y Estados Unidos concentran nuevas oportunidades para los biopesticidas

Brasil fortaleció su posicionamiento con la Ley 15.070 de diciembre de 2024, que estableció un marco legal específico para los bioinsumos. La legislación representa un cambio relevante para una de las mayores potencias agrícolas del mundo, donde el control biológico viene ampliando su presencia en cultivos extensivos e intensivos. Según el balance oficial del MAPA, durante 2025 se autorizaron 162 productos clasificados como bioinsumos, un máximo histórico. La cifra refleja el dinamismo de la oferta, aunque no equivale necesariamente a la aprobación de 162 ingredientes activos nuevos. Para las empresas extranjeras, el crecimiento también anticipa una competencia más intensa.

El mercado brasileño ofrece oportunidades por su escala productiva y la demanda de soluciones adaptadas a diferentes condiciones agrícolas. Sin embargo, el registro de un microorganismo, extracto o formulación biológica exige evaluar su identidad, composición, seguridad y finalidad agronómica. La nueva legislación no elimina la necesidad de presentar documentación técnica ni garantiza plazos uniformes de aprobación. Además, las compañías deben considerar las disposiciones reglamentarias aplicables y las diferencias entre categorías. Una estrategia comercial equivocada puede traducirse en estudios adicionales, demoras o limitaciones en los usos autorizados.

Estados Unidos representa otro destino estratégico. La EPA regula los biopesticidas bajo la legislación federal FIFRA y reconoce tres grandes categorías: pesticidas microbianos, bioquímicos y protectores incorporados a las plantas. Aunque existen requisitos de información adaptados a determinadas características de los productos biológicos, las empresas deben demostrar que cumplen las condiciones de seguridad exigidas. Para los fabricantes internacionales, el proceso puede incluir estudios específicos, documentación de composición, registro de establecimientos y cumplimiento de normas de importación. En determinados casos también se requieren autorizaciones estatales antes de iniciar la comercialización.

El atractivo estadounidense también está relacionado con la dimensión de su agricultura y la necesidad de incorporar nuevas herramientas a los programas de manejo integrado de plagas. Productores de maíz, soja, algodón, frutas y hortalizas buscan alternativas que permitan enfrentar resistencias, mejorar la eficiencia de las aplicaciones y responder a mayores exigencias ambientales. Sin embargo, obtener un registro no asegura el éxito comercial. La eficacia en condiciones reales, la estabilidad durante el almacenamiento, la disponibilidad de distribuidores y la relación entre costo y beneficio siguen siendo factores determinantes para que una tecnología llegue efectivamente al productor.

Argentina, México, Perú, Chile y Colombia amplían el mapa de los bioinsumos

Argentina también introdujo modificaciones en su sistema de registro. Durante 2025, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 458/2025, que reemplazó el procedimiento establecido por la Resolución 1004/2023. La actualización reorganizó el marco aplicable a los bioinsumos y representa un cambio importante para fabricantes, importadores y desarrolladores de tecnologías biológicas. No obstante, la modernización normativa no debe confundirse automáticamente con una reducción comprobada de los tiempos de aprobación. Para medir ese impacto será necesario observar la implementación y contar con estadísticas oficiales comparables.

México avanzó con una reforma administrativa anunciada por COFEPRIS en octubre de 2025, orientada a simplificar procedimientos y ampliar la digitalización. Entre las modificaciones se encuentra la agrupación de plaguicidas bioquímicos, microbianos y botánicos dentro de un trámite de registro de productos de bajo riesgo. La autoridad proyectó reducir hasta un 60% los tiempos de atención mediante herramientas digitales, aunque esa reducción depende de la implementación correspondiente y no representa un resultado ya comprobado para todos los expedientes. El cambio puede mejorar las condiciones de acceso para nuevos desarrollos, siempre que las empresas cumplan los requisitos técnicos y sanitarios aplicables.

Perú, Chile y Colombia también forman parte del mapa regional, aunque sus marcos regulatorios presentan características diferentes. En Perú, el SENASA interviene en la evaluación y registro de plaguicidas agrícolas, incluidos productos biológicos según su clasificación. En Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dispone de normativa específica para plaguicidas microbianos, establecida mediante la Resolución 9.074/2018 y sus modificaciones. En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuenta con la Resolución 068370/2020, que establece requisitos para el registro de bioinsumos agrícolas. Estos sistemas ofrecen vías de acceso al mercado, pero no permiten afirmar que los tres países estén acelerando sus autorizaciones al mismo ritmo.

La comparación evidencia que América no cuenta con un sistema único de registro de biopesticidas. Brasil dispone de una nueva legislación específica, Estados Unidos mantiene un procedimiento consolidado, Argentina actualizó su normativa y México impulsó una simplificación administrativa. Chile y Colombia cuentan con disposiciones técnicas para distintas categorías, mientras Perú aplica sus procedimientos de evaluación y registro. Para los fabricantes, estas diferencias tienen consecuencias comerciales: cada mercado requiere analizar costos de estudios, plazos administrativos, adaptación de etiquetas, documentación técnica y condiciones de importación antes de comprometer inversiones.

La innovación científica también está modificando la forma en que las empresas preparan sus expedientes. Herramientas de toxicología predictiva, como los modelos QSAR, permiten anticipar determinadas propiedades de sustancias químicas presentes en una formulación. Sin embargo, su aplicación presenta límites cuando se trabaja con microorganismos vivos y sistemas biológicos complejos. Estos modelos no reemplazan la identificación de cepas, los estudios microbiológicos ni los ensayos exigidos por las autoridades. La agricultura digital y las nuevas herramientas de evaluación pueden mejorar la planificación regulatoria, pero la seguridad y la eficacia deben seguir respaldadas por evidencia científica adecuada.

La competencia internacional también se intensifica. Fabricantes de Asia, Europa, América del Norte y América Latina buscan posicionar sus tecnologías en mercados donde crece el interés por el control biológico y la diversificación de insumos. Sin embargo, un producto desarrollado para determinadas condiciones agrícolas puede necesitar nuevos ensayos antes de utilizarse en otro ambiente productivo. Las diferencias climáticas, la presión de plagas, la estabilidad de los microorganismos y las prácticas de aplicación influyen sobre su desempeño. Por eso, el acceso regulatorio debe acompañarse de validación agronómica local, distribución y asesoramiento técnico.

Para los productores, una mayor disponibilidad de biopesticidas puede ampliar las alternativas dentro de los programas de protección de cultivos. Pero más registros no significan necesariamente mayor productividad o sostenibilidad. Los resultados dependen de la eficacia de cada tecnología, de su correcta utilización y de las condiciones del sistema agrícola. Las soluciones biológicas pueden complementar otras herramientas de manejo integrado, aunque no sustituyen automáticamente todos los productos convencionales ni funcionan de la misma manera frente a diferentes plagas y enfermedades.

Brasil y Estados Unidos se consolidan como mercados estratégicos para la expansión internacional de los biopesticidas, mientras Argentina, México, Perú, Chile y Colombia muestran la diversidad regulatoria de América Latina. El desafío para los próximos años será avanzar hacia procedimientos más previsibles, facilitar el intercambio de información científica y evitar duplicaciones innecesarias sin debilitar los controles de seguridad. Para la industria, la oportunidad no estará solamente en conseguir nuevos registros, sino en desarrollar tecnologías que demuestren valor agronómico, competitividad y capacidad de adaptación a diferentes mercados.