Ecuador proyecta una transformación productiva hacia 2040

Ecuador presentó una hoja de ruta destinada a transformar su estructura económica y productiva durante los próximos quince años. La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea una serie de reformas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, preservar la estabilidad fiscal, mejorar las condiciones para la inversión privada y profundizar el sistema financiero dentro del esquema de dolarización.

La iniciativa propone avanzar hacia un “Estado habilitador”, con una mayor capacidad para facilitar las actividades económicas y reducir los costos administrativos que enfrentan las empresas. Bajo este enfoque, el sector público disminuiría progresivamente su papel como ejecutor directo para concentrarse en la creación de reglas claras, instituciones eficientes y condiciones favorables para la inversión, la producción y la generación de empleo.

La agenda también busca reducir la dependencia del país respecto de las exportaciones de materias primas y promover una matriz comercial más diversificada. Para ello, identifica oportunidades de expansión en siete áreas consideradas prioritarias: minería, electricidad, agroindustria, hidrocarburos, producción agropecuaria, turismo y manufactura.

El documento fue elaborado con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y mediante mesas técnicas integradas por representantes del sector público, empresas privadas, universidades e instituciones internacionales. Según consignó El Universo, el diagnóstico detectó ventajas productivas y territoriales, así como la existencia de actores privados dispuestos a invertir, pero también obstáculos institucionales que encarecen la producción, las exportaciones y el crecimiento empresarial.

Uno de los principales componentes de la estrategia es la modificación del marco normativo. Entre las propuestas se encuentra una nueva Ley Orgánica de Desarrollo y Fomento Productivo Agropecuario, que incorporaría herramientas de investigación, educación rural y competitividad territorial con orientación exportadora.

También se plantea reformar la legislación del servicio público de energía eléctrica para ampliar el acceso, gestionar con mayor eficiencia la demanda y habilitar la participación de nuevos operadores privados. En el sector minero, la agenda propone una ley de fomento y consulta previa que establezca regímenes diferenciados de acuerdo con la escala de cada emprendimiento.

El programa contempla además una nueva Ley de Contratos de Inversión, destinada a atraer capital productivo sostenible mediante procedimientos simplificados e incentivos específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas. En materia de hidrocarburos, se propone concentrar en un único proyecto las reformas necesarias y revisar la normativa aplicable a la inversión extranjera.

Para el turismo se prevé la creación de un marco legal integral que articule la promoción, la inversión, el desarrollo de nuevos productos y la sostenibilidad. En la industria manufacturera, en tanto, se plantea reforzar la trazabilidad y la transparencia de los procesos productivos.

La agenda incluye asimismo medidas para simplificar la apertura, liquidación y cierre formal de empresas que hayan cumplido con sus obligaciones ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. El objetivo es reducir la burocracia y facilitar las distintas etapas del ciclo empresarial.

Otro de los ejes será la modernización del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para ello se propone una reestructuración integral del Servicio Nacional de Contratación Pública y la actualización de sus plataformas digitales, con la intención de agilizar los trámites, mejorar los controles y aumentar la transparencia en las compras del Estado.