El Gobierno reglamentó la reforma laboral y cambia el formato de los recibos de sueldo
El Gobierno nacional reglamentó una serie de aspectos de la reforma laboral mediante los decretos 406, 407, 408 y 409/2026, incorporando modificaciones en materia de documentación laboral, digitalización de trámites, relaciones sindicales e indemnizaciones.
Uno de los cambios más relevantes será la implementación de un nuevo modelo de recibo de sueldo que buscará brindar mayor transparencia sobre los costos laborales asociados a cada puesto de trabajo.
La nueva modalidad exigirá que los recibos detallen no solo el salario bruto y el salario neto percibido por el trabajador, sino también los aportes, contribuciones patronales, deducciones y otros costos vinculados a la relación laboral. El objetivo oficial es que empleados y empleadores puedan identificar con claridad cómo se compone el costo total del empleo formal.
El formato estará organizado en cuatro secciones principales. La primera incluirá los datos identificatorios del trabajador y del empleador. La segunda reflejará el costo laboral total asumido por la empresa, incorporando conceptos como contribuciones patronales, aportes a obras sociales, PAMI y cuotas de las ART. La tercera mostrará la remuneración bruta y todos los conceptos salariales, mientras que la cuarta expondrá el salario neto y una desagregación de las cargas fiscales y sindicales aplicadas.
La reglamentación también impulsa la digitalización de distintos procedimientos laborales. Entre ellos, los certificados médicos por enfermedad o accidente deberán emitirse prioritariamente mediante plataformas habilitadas y respaldadas por profesionales registrados en los sistemas sanitarios correspondientes. En caso de discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control médico de la empresa, se prevé la intervención de juntas médicas u organismos especializados.
Otro aspecto incorporado es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a colaborar con el financiamiento de futuras indemnizaciones laborales. El sistema funcionará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos supervisados por la Comisión Nacional de Valores, aunque la responsabilidad por el pago de las indemnizaciones seguirá siendo exclusiva de cada empleador.
La normativa también introduce cambios en el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Entre ellos, establece nuevos criterios para determinar la representación gremial según la cantidad de afiliados cotizantes, habilita mecanismos para la conformación de sindicatos de empresa y fija reglas para la utilización de licencias gremiales, que deberán ser notificadas con anticipación a los empleadores.
Además, las plataformas digitales dedicadas al reparto y al transporte de pasajeros quedarán excluidas del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo contemplado en la reforma, mientras que la autoridad de aplicación para ese sector será la Secretaría de Transporte de la Nación.
Según el Gobierno, el conjunto de medidas apunta a modernizar la administración laboral, reducir trámites burocráticos y brindar mayor transparencia sobre los costos y obligaciones asociados al empleo formal.