Industriales peruanos presentan sus prioridades para los primeros 100 días de Fujimori

La reducción de la inseguridad, la estabilidad macroeconómica y la simplificación de trámites encabezan los pedidos del sector manufacturero. Aunque la mitad de las empresas mantiene expectativas favorables, persiste la cautela para invertir y contratar nuevos trabajadores.

Los empresarios industriales de Perú definieron una serie de prioridades para los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, con especial énfasis en la seguridad ciudadana, la competitividad productiva y la formalización empresarial. Los pedidos fueron recogidos por la Encuesta de Opinión Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias.

El relevamiento muestra un clima moderadamente optimista después de la segunda vuelta electoral. El 51% de los empresarios manufactureros espera una evolución favorable de la economía durante los próximos tres meses, mientras que el 50% tiene perspectivas positivas sobre el desempeño de su sector y de su propia compañía.

Sin embargo, las expectativas todavía no se traducen completamente en decisiones de inversión y empleo. Solo el 47% de las firmas prevé realizar nuevos desembolsos durante el próximo trimestre y apenas el 35% contempla incorporar trabajadores a sus plantillas.

La inseguridad ciudadana encabeza ampliamente las preocupaciones del sector. El 74% de los industriales considera que reducir la delincuencia debería ser la principal medida del nuevo Gobierno para estimular el crecimiento, la inversión y la generación de empleo.

El impacto de esta problemática excede el ámbito social y alcanza directamente a la actividad económica. Estimaciones oficiales situaron el costo de la inseguridad en alrededor de S/19.800 millones durante 2025, mientras numerosos comercios debieron reducir sus horarios o cerrar por amenazas y hechos delictivos.

Entre las demás prioridades aparecen la preservación de la estabilidad macroeconómica, mencionada por el 37% de los encuestados, y la reducción de la sobrerregulación y los trámites empresariales, señalada por el 34%. Los industriales consideran que ambas condiciones son necesarias para sostener la inversión privada.

En materia de productividad, el 46% pidió reducir las cargas regulatorias y aplicar de manera efectiva el silencio administrativo positivo. Este mecanismo permitiría que determinados trámites sean aprobados cuando las autoridades no respondan dentro de los plazos establecidos.

Cuatro de cada diez empresarios reclamaron además mejores condiciones de financiamiento para modernizar las plantas e incorporar innovación tecnológica. Otro 39% consideró prioritario fortalecer la defensa comercial frente al dumping, la subvaluación, el contrabando y otras modalidades de comercio ilícito.

También se planteó la necesidad de integrar a la industria con actividades como minería, agroindustria, energía y construcción. A esto se sumaron pedidos para reducir los costos energéticos y garantizar la continuidad del suministro, un factor considerado fundamental para sostener la producción.

La formalización empresarial constituye otro de los ejes del documento. La mitad de los industriales propuso crear un régimen tributario único, sencillo y progresivo, mientras que el 46% reclamó disminuir los costos y trámites necesarios para que las empresas ingresen a la formalidad.

Además, el 42% sugirió establecer una reducción temporal de la carga tributaria para los negocios que regularicen su situación. Otras propuestas incluyen una ventanilla digital unificada, mejores condiciones de crédito, menor discrecionalidad en las inspecciones y una mayor participación de las pequeñas empresas en las compras públicas.

La encuesta también muestra un fuerte respaldo a la construcción de una agenda conjunta entre el Estado y los sectores productivos. El 25% considera indispensable mantener un diálogo permanente con los gremios industriales, empresariales y regionales, mientras que el 69% lo define como muy importante.

Más de la mitad de los consultados espera que la nueva administración implemente una política industrial orientada a elevar la productividad y la competitividad. Los principales indicadores para evaluar sus resultados serían la reducción de los tiempos administrativos, el destrabe de proyectos y el aumento de las inversiones privadas.

Los industriales consideran que los primeros 100 días serán decisivos para ofrecer señales de estabilidad, liderazgo y capacidad de gestión. Aunque reconocen que ese período no permitirá resolver todos los problemas estructurales, esperan medidas concretas que fortalezcan la seguridad, faciliten la inversión y consoliden a la industria como motor del desarrollo peruano.