Guatemala propone subsidios al diésel y la gasolina hasta fin de año

El presidente Bernardo Arévalo anunció un proyecto que contempla Q3.480 millones para reducir el impacto del aumento internacional del petróleo. La medida otorgaría Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, sin recurrir a nueva deuda pública.

El Gobierno de Guatemala anunció un nuevo esquema de subsidios a los combustibles con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento internacional del petróleo sobre el transporte, los precios y el gasto de los hogares. La propuesta deberá ser aprobada por el Congreso y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El presidente Bernardo Arévalo informó que el proyecto contempla un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular. Para financiar la medida, el Ejecutivo prevé disponer de Q3.480 millones mediante una readecuación interna del presupuesto nacional, sin contratar nueva deuda.

Según informó Infobae, el Gobierno aseguró que la reasignación de recursos no afectará las partidas destinadas a Salud Pública, Educación ni Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. La iniciativa será enviada al Congreso el próximo lunes con la intención de acelerar su tratamiento.

Arévalo vinculó el incremento de los combustibles con las tensiones internacionales y el encarecimiento del petróleo, especialmente por el escenario de conflicto en torno al estrecho de Ormuz. El mandatario señaló que la suba impacta directamente sobre quienes utilizan vehículos particulares, pero también sobre el transporte público y la distribución de bienes.

El nuevo esquema amplía el apoyo temporal que estuvo vigente entre el 28 de abril y el 2 de julio. Aquel programa otorgaba Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina y tuvo un costo fiscal cercano a Q2.000 millones. Tras su vencimiento, los precios volvieron a aumentar y en algunas estaciones de la capital superaron los Q40 por galón.

La diferencia entre los montos previstos para cada combustible responde, según el Ejecutivo, al mayor impacto económico del diésel. El Ministerio de Energía y Minas señaló que este producto tiene una incidencia considerable sobre el transporte de pasajeros y mercancías, por lo que subsidiarlo tendría efectos más amplios sobre la estructura de costos de la economía.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, descartó que el programa sea financiado mediante nuevos préstamos. La estrategia oficial se concentrará en redistribuir partidas existentes, en un intento por contener el impacto fiscal y preservar el equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno también descartó otras alternativas que habían sido planteadas, entre ellas la eliminación temporal de impuestos sobre los combustibles o el establecimiento de precios máximos. Desde el Ministerio de Energía y Minas argumentaron que una reducción tributaria generaría un beneficio menor que el subsidio propuesto y que la fijación de precios sería incompatible con la normativa vigente sobre comercialización de hidrocarburos.

El Ejecutivo prevé además reforzar los controles para evitar maniobras especulativas y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los consumidores guatemaltecos. Entre las acciones previstas aparece un mayor seguimiento por parte de la Dirección de Asistencia al Consumidor y del Ministerio de Energía y Minas.

Las autoridades también analizarán si el subsidio anterior generó incentivos para el contrabando de combustible hacia países vecinos. El objetivo será ajustar los mecanismos de control y evitar que parte de los recursos destinados al programa termine beneficiando operaciones realizadas fuera del territorio nacional.

En paralelo, el Gobierno conformará una mesa técnica para evaluar nuevas medidas en caso de que la crisis energética internacional se prolongue más allá de diciembre. Una de las alternativas en estudio es avanzar hacia un esquema de subsidios más focalizado, aunque las autoridades estiman que su implementación demandaría al menos dos meses de preparación.

Arévalo pidió al Congreso que trate la propuesta con rapidez y sostuvo que el contexto requiere acuerdos políticos para proteger el ingreso de los hogares. El Ejecutivo confía en que la existencia de reglamentos y mecanismos de control desarrollados durante el programa anterior permita reducir los tiempos necesarios para poner en marcha el nuevo subsidio.