Nicaragua avanza en reformas para impedir nuevas elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el análisis de una serie de reformas legales y constitucionales destinadas a impedir la realización de nuevas elecciones generales. El proceso responde a las orientaciones del presidente Daniel Ortega, quien pidió establecer mecanismos que garanticen la continuidad del actual sistema político.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, señaló que elaborará un plan de trabajo para adaptar la legislación a los lineamientos presidenciales. Las autoridades justificaron la decisión en la necesidad de preservar la paz, la seguridad, la estabilidad institucional y las políticas aplicadas contra la pobreza.

La Asamblea también anunció que realizará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral para definir los cambios jurídicos y administrativos necesarios. Ambos organismos deberán establecer los procedimientos constitucionales y formales que permitan sostener la reforma planteada por el Ejecutivo.

Según informó DW, el Legislativo nicaragüense presentó la iniciativa como una decisión vinculada con la soberanía nacional y afirmó que los procesos políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los ciudadanos y las instituciones del país centroamericano.

Las declaraciones generaron críticas internacionales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Ortega de confirmar el carácter autoritario de su Gobierno y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión diplomática sobre las autoridades nicaragüenses.

La Cancillería de Costa Rica expresó preocupación por el cierre de los espacios de participación ciudadana y la persecución de las voces opositoras. Panamá, por su parte, rechazó el anuncio y convocó a consultas a su embajador en Managua como respuesta a la decisión presidencial.

Los sectores opositores solicitaron una reacción más firme de la comunidad internacional y reclamaron medidas políticas y diplomáticas que permitan restablecer una vía electoral. También denunciaron que la eliminación de los comicios profundizaría el deterioro institucional y consolidaría el control gubernamental sobre los poderes del Estado.

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y ha sido cuestionado por denuncias de fraude electoral, persecución política y exclusión de dirigentes opositores. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 después de una reforma constitucional que amplió las atribuciones de ambos dirigentes.