Panamá impulsa una reforma eléctrica para fortalecer los derechos de los usuarios y prepara la renovación de las concesiones de 2028
El gobierno panameño aprobó un proyecto de ley que endurece los controles sobre las distribuidoras eléctricas, establece nuevas compensaciones para los clientes y sienta las bases para la próxima licitación del servicio.
El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó un proyecto de reforma al sistema eléctrico que busca fortalecer la protección de los usuarios, mejorar la calidad del servicio y establecer nuevas reglas de cara a la renovación de las concesiones de distribución previstas para 2028.
La iniciativa, que será enviada a la Asamblea Nacional, modifica la Ley 6 de 1997 e incorpora mecanismos orientados a reforzar la fiscalización de las empresas distribuidoras y agilizar la respuesta ante reclamos de los consumidores.
Entre las principales novedades se encuentran la definición de plazos específicos para la atención de quejas, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las compañías incumplan los estándares de calidad y la implementación de un esquema para que las sanciones económicas aplicadas a las empresas se traduzcan en compensaciones directas para los clientes afectados.
El proyecto surge en un contexto marcado por las reiteradas críticas de la población debido a interrupciones del suministro eléctrico y fluctuaciones de tensión que, en numerosos casos, han provocado daños en equipos y electrodomésticos.
Según informó Infobae a partir de datos de la Presidencia panameña, la propuesta también busca fortalecer la transparencia de la información que reciben los usuarios y mejorar las herramientas regulatorias para supervisar el desempeño de las concesionarias.
La reforma adquiere especial relevancia porque en 2028 vencen los contratos de distribución eléctrica adjudicados a Naturgy, a través de Edemet y Edechi, y a ENSA. Por ese motivo, el nuevo marco legal apunta a preparar el proceso licitatorio que definirá la continuidad del servicio durante los próximos años.
Además, la iniciativa incorpora a las distribuidoras dentro de las estrategias de electrificación rural, con el objetivo de ampliar el acceso a la energía en comunidades alejadas o de difícil acceso.
En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó un importante paquete financiero que autoriza operaciones por hasta 9.000 millones de dólares. El esquema contempla la emisión de hasta 6.000 millones de dólares en Notas del Tesoro destinadas a fortalecer el mercado local de capitales y otros 3.000 millones de dólares en líneas de financiamiento con entidades nacionales e internacionales.
Desde el gobierno señalaron que ambas medidas buscan fortalecer las capacidades financieras del Estado y garantizar mayores herramientas para sostener la inversión pública y la prestación de servicios esenciales en los próximos años.