Rodrigo Paz avanza hacia un posible estado de emergencia en Bolivia en medio de la crisis social
El gobierno derogó una ley que limitaba los estados de excepción y habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener protestas y bloqueos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quedó habilitado para avanzar hacia la declaración de un estado de emergencia luego de que el Congreso aprobara la derogación de una ley que restringía la utilización de mecanismos excepcionales y el despliegue de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
La medida fue oficializada este miércoles a través del Boletín Oficial boliviano, tras haber sido aprobada por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa eliminó la Ley 1341 de Estados de Excepción, sancionada en 2020, que establecía límites y regulaciones específicas para la aplicación de estados de emergencia.
El proyecto había recibido previamente el aval del Senado y terminó siendo aprobado por la Cámara de Diputados luego de una extensa sesión virtual marcada por fuertes cruces políticos.
Según establece el artículo 137 de la Constitución boliviana, el Ejecutivo podrá ahora solicitar formalmente al Congreso la declaración de un estado de emergencia en caso de “grave alteración del orden interno”.
De concretarse, la medida permitiría restringir temporalmente libertades vinculadas a circulación y reunión, además de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la policía para controlar disturbios y desbloquear rutas.
El gobierno de Paz enfrenta desde principios de mayo una escalada de protestas, cortes de rutas y movilizaciones impulsadas por sectores sindicales y grupos vinculados al expresidente Evo Morales.
Las manifestaciones comenzaron con reclamos económicos vinculados a inflación, abastecimiento y deterioro social, aunque luego derivaron en pedidos directos de renuncia del mandatario.
Los bloqueos afectan principalmente a La Paz y El Alto, donde se registraron problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.
Durante el debate legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, confirmó la aprobación definitiva de la norma tras la participación de 117 legisladores.
Uno de los principales defensores de la derogación fue el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano.
“La protesta y la huelga están garantizadas, pero no podemos tolerar actos violentos ni ataques contra policías o militares”, afirmó el legislador luego de la votación.
Rojas sostuvo además que la ley derogada limitaba facultades constitucionales del Poder Ejecutivo y endureció el tono político al señalar que en Bolivia existen actualmente “dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”.
Durante el debate parlamentario, gran parte de los discursos oficialistas responsabilizaron a Morales por la profundización de la crisis y reclamaron incluso avanzar con medidas judiciales contra el exmandatario.
La norma eliminada había sido aprobada tras la crisis política de 2019, que derivó en la salida de Morales del poder y dejó más de 30 muertos en medio de enfrentamientos y protestas.
Desde sectores opositores y organismos sociales advirtieron que la derogación podría agravar aún más la conflictividad.
El diputado Edwin Valda alertó sobre posibles riesgos para los derechos humanos, mientras que la legisladora Sonia Siñani sostuvo que la medida podría “echar gasolina al fuego”.
La Iglesia Católica de Bolivia también expresó preocupación y pidió abrir canales de diálogo político para evitar una escalada mayor del conflicto.
En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó inquietud por la situación boliviana y advirtió sobre posibles intentos de desestabilización institucional en el país.