El SENASA concentrará el control de los alimentos tras la disolución del INAL

El Gobierno nacional dispuso una reorganización integral del sistema de control alimentario argentino mediante la disolución del Instituto Nacional de Alimentos y la transferencia de sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y al Ministerio de Salud.

La reforma, establecida a través del Decreto 697/2026, divide las responsabilidades de acuerdo con las competencias de cada organismo. El SENASA concentrará el registro, la fiscalización y el control de alimentos, mientras que la cartera sanitaria tendrá a su cargo la formulación de las políticas alimentarias y los criterios vinculados con la salud pública.

La medida busca eliminar superposiciones administrativas, simplificar procedimientos y conformar un sistema más eficiente y previsible. Según la fundamentación oficial, la reorganización no debería reducir los controles destinados a garantizar la inocuidad de los productos.

El SENASA incorporará las tareas operativas que hasta ahora realizaba el INAL, entre ellas el control de las importaciones de alimentos. El Gobierno justificó esta decisión por la estructura territorial del organismo, su red de laboratorios, la disponibilidad de inspectores y su experiencia en las etapas primarias e industriales de la producción.

Según informó TodoAgro, el nuevo esquema pretende separar la fiscalización del diseño de las políticas sanitarias. El SENASA verificará el cumplimiento de las normas, mientras que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura participarán en la elaboración de los criterios incluidos en el Código Alimentario Argentino.

El organismo también autorizará y supervisará a las dependencias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires encargadas de controlar el cumplimiento de la normativa. Las habilitaciones de los establecimientos serán otorgadas por el SENASA o por las autoridades locales, según la jurisdicción correspondiente.

Uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los trámites duplicados. El nuevo sistema eliminará evaluaciones y registros paralelos para productos y establecimientos que anteriormente debían completar procedimientos ante más de un organismo.

También se reconocerán por equivalencia las certificaciones de aditivos, ingredientes y coadyuvantes tecnológicos emitidas por países que cuenten con sistemas de control aceptados o apliquen las normas del Codex Alimentarius.

El SENASA administrará además una Base Única de Datos destinada a centralizar la información sobre productos y establecimientos. La plataforma buscará agilizar las gestiones, unificar los registros y fortalecer la trazabilidad dentro del sistema alimentario.

El decreto fija un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar el Código Alimentario Argentino. La intención es acelerar las modificaciones normativas y brindar mayor previsibilidad a las empresas y organismos involucrados.

La reorganización también contempla cambios en el comercio exterior. Los alimentos envasados destinados a la venta directa podrán ingresar mediante procedimientos más ágiles y controles posteriores, con el objetivo de evitar demoras antes de su comercialización.

En materia de exportaciones, los productos deberán cumplir las exigencias del mercado de destino y las certificaciones serán emitidas por un único organismo reconocido internacionalmente. El SENASA buscará además celebrar acuerdos con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para armonizar requisitos, registros, aranceles y sanciones.

El sistema incorporará un registro único de establecimientos y una identificación específica para aquellos que comercialicen alimentos en todo el territorio nacional. La medida pretende evitar diferencias administrativas entre jurisdicciones y facilitar la circulación de los productos.

Tras la disolución del INAL, el Ministerio de Salud incorporará a su estructura las funciones relacionadas con la política alimentaria. Su agenda estará orientada por la evidencia científica sobre la composición de los alimentos y tendrá entre sus prioridades revisar el uso de colorantes y saborizantes en productos procesados.

La reforma busca centralizar funciones, modernizar el sistema y facilitar el comercio alimentario. El principal desafío será garantizar que la reducción de la burocracia y la agilización de los trámites no debiliten la fiscalización ni los estándares de seguridad de los alimentos.