Cooperativas y BanEcuador impulsan el crédito para pymes, que creció 12% en 2026

Las pequeñas y medianas empresas de Ecuador mostraron un mayor dinamismo en el acceso al financiamiento durante 2026. Entre enero y mayo, la colocación de créditos productivos destinados a este segmento creció alrededor de 12% en comparación con el mismo período de 2025, según datos de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha.

El incremento refleja una mayor disponibilidad de recursos para inversión y funcionamiento de las pymes. De acuerdo con el análisis del sector, las entidades que más financiamiento otorgaron a este tipo de negocios fueron las cooperativas de ahorro y crédito y la banca pública, especialmente BanEcuador.

Francisco Vergara, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha y de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador, señaló que el crecimiento registrado representa entre 600 y 700 millones de dólares adicionales colocados durante 2026.

El dirigente explicó que el aumento es positivo tanto en cantidad de operaciones como en monto desembolsado, aunque aclaró que no necesariamente implica una ampliación de la cobertura hacia nuevos actores. Según indicó, los beneficiarios siguen siendo principalmente empresas que ya venían accediendo al sistema financiero.

Vergara sostuvo que en el sector financiero nacional existe liquidez y que las entidades comenzaron a desarrollar productos y servicios más orientados a las necesidades de las pymes. En ese sentido, afirmó que bancos, cooperativas y entidades públicas están volviendo a mirar con mayor interés a este segmento.

“Están regresando a ver a las pymes. Todos han creado, por lo menos, una dirección, una gerencia, para pymes. Y muchas de las empresas pequeñas y medianas sí están accediendo”, destacó.

Dentro del crecimiento del 12% reportado para las pymes, los bancos privados explican cerca del 30% de los créditos otorgados. El 70% restante corresponde a cooperativas de ahorro y crédito y a la banca pública, con un rol destacado de BanEcuador.

Uno de los puntos señalados por el sector es el criterio utilizado para que una empresa sea considerada pyme dentro del sistema financiero ecuatoriano y pueda acceder a tasas preferenciales. Actualmente, debe registrar ventas anuales de al menos 300.000 dólares, una condición que para muchos negocios representa una barrera significativa.

Vergara recordó que anteriormente el umbral era de 100.000 dólares y lamentó que el nuevo requisito limite el acceso de muchas pequeñas y medianas empresas a mejores condiciones crediticias. Según explicó, alcanzar ese nivel de facturación resulta difícil para una parte importante del entramado productivo nacional.

La mayoría de las pymes ecuatorianas se dedica a la producción local y no necesariamente a actividades de exportación o importación. Además, gran parte de su materia prima proviene del mercado interno, por lo que sus necesidades financieras están más ligadas al capital de trabajo que a operaciones de comercio exterior.

En cuanto a las tasas de interés, los bancos ofrecen créditos para pymes con ventas anuales superiores a 300.000 dólares a tasas promedio de entre 11% y 12%. En las cooperativas, en cambio, las tasas suelen ser más altas y pueden llegar hasta el 16%.

Pese a ese mayor costo financiero, las cooperativas son más abiertas al momento de otorgar préstamos a este segmento. Esa mayor flexibilidad explica, según Vergara, que superen a los bancos privados en colocaciones destinadas a pequeñas y medianas empresas.

El dirigente agregó que tanto las cooperativas como BanEcuador resultan más accesibles para las pymes debido a menores exigencias formales y a una mejor comprensión de la realidad que atraviesan este tipo de negocios. En muchos casos, las condiciones solicitadas por la banca tradicional no se ajustan a la estructura administrativa y financiera de las empresas pequeñas.

El financiamiento obtenido por las pymes se destina principalmente a capital de trabajo. Es decir, a la compra de insumos, materias primas y otros gastos operativos de corto plazo. “No son préstamos de largo aliento”, precisó Vergara.

Menos del 15% de los créditos se utiliza para inversión en maquinaria o activos de largo plazo. Esto muestra que las empresas están concentradas en sostener y reactivar sus operaciones, más que en ampliar su infraestructura productiva o avanzar en procesos de modernización estructural.

Según el análisis del sector, muchas líneas de producción se encontraban subutilizadas y el crédito está permitiendo reactivar capacidades ya existentes. Es decir, el financiamiento no necesariamente está generando nueva infraestructura, sino que está ayudando a poner nuevamente en marcha recursos productivos que ya estaban instalados.

Vergara sostuvo que, aunque existe una mayor disposición de las instituciones financieras hacia las pymes, todavía persisten barreras estructurales que limitan el acceso al crédito. Entre ellas mencionó la rigidez de la banca tradicional, los altos niveles de formalidad exigidos y la necesidad de contar con planificación financiera de largo plazo.

Para muchas pequeñas y medianas empresas, esos requisitos no se ajustan a su funcionamiento cotidiano. Además, el dirigente consideró que aún faltan ejecutivos especializados en pymes, capaces de comprender mejor sus ciclos productivos, sus necesidades de liquidez y sus dificultades operativas.

El crecimiento del financiamiento para pymes coincide con los datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, que informó un aumento del 5,4% en el número de operaciones activas de crédito productivo en todos los subsegmentos: corporativo, empresarial y pymes.

Entre enero y mayo de 2026, los créditos otorgados por el sistema financiero nacional, tanto por la banca privada como pública, alcanzaron los 14.746 millones de dólares si se considera la actividad económica. Esa cifra representa un incremento de 2,5% frente al mismo período de 2025, cuando el monto colocado fue de 14.392 millones de dólares.

De acuerdo con el Instructivo de Tasas de Interés del Banco Central del Ecuador, el crédito productivo es aquel que se entrega a personas naturales o jurídicas con ventas anuales superiores a 300.000 dólares y que está destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales.

Desde el sector industrial también observaron un mayor movimiento en el acceso al crédito. Diego Paredes González, presidente de Ecuador Industrial, gremio que agrupa a 12 cámaras y alrededor de 120 empresas industriales y manufactureras, señaló que las compañías acceden al financiamiento principalmente respaldadas por sus propios activos.

Para Paredes, si hubo crecimiento en la colocación de créditos es porque las empresas comienzan a salir del freno que enfrentaron en los últimos años, especialmente por las limitaciones en inversiones vinculadas a energía eléctrica.

Sin embargo, advirtió que las compañías siguen enfrentando dificultades para obtener créditos productivos sin poner como garantía sus propios activos. Por eso, planteó la necesidad de que el Gobierno implemente garantías soberanas que faciliten el acceso a financiamiento destinado a modernizar maquinaria y asegurar capital de trabajo.

“Necesitamos capital de trabajo, no estamos diciendo que el Gobierno nos regale, sino que nos dé una garantía soberana para poder tener créditos adecuados sin necesidad de hipotecar nuestros activos, porque eso es lo que conviene a una política de competitividad. Y tener modernización de las máquinas, para lo que también necesitamos una garantía soberana”, resumió Paredes.

Según explicó, los créditos que toman las empresas están orientados principalmente a cubrir necesidades urgentes, como capital de trabajo, compra de materia prima a precios internacionales y, en algunos casos, procesos de reubicación de fábricas debido a problemas con permisos de uso de suelo, especialmente en Quito.

El dirigente industrial remarcó que, si bien el crédito es una herramienta fundamental, no alcanza por sí solo para mejorar la posición de las empresas ecuatorianas. A su criterio, el país necesita una política pública clara que impulse la competitividad de la industria y permita aprovechar mejor el proceso de apertura comercial.

En ese sentido, señaló que el financiamiento debe estar acompañado por condiciones que permitan a las empresas modernizarse, competir frente a productos externos y fortalecer su capacidad productiva. De lo contrario, advirtió, la industria local corre el riesgo de quedar en desventaja frente a competidores internacionales.