La baja de retenciones al agro tendría un impacto fiscal mínimo y podría autofinanciarse
Estimaciones privadas calculan que el costo directo para el Estado rondaría apenas el 0,08% del PBI. Con una mayor producción estimulada por la medida, parte de la recaudación podría recuperarse vía derechos de exportación aún vigentes.
El Gobierno avanzó con una nueva reducción de las retenciones aplicadas al sector agrícola y, según cálculos preliminares, el impacto fiscal sería considerablemente menor al que se presume en el debate público. Proyecciones privadas estiman que la pérdida directa para el Tesoro ascendería a unos u$s520 millones, aproximadamente el 0,08% del PBI, una cifra que podría incluso compensarse si la producción responde con más volumen exportable.
En una exposición organizada por la Fundación IEB, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión como parte de un proceso gradual de alivio tributario al campo, al que definió como uno de los sectores que más ha contribuido a sostener la economía nacional. Aunque reconoció que la eliminación total de los derechos de exportación no está próxima, remarcó que el Gobierno seguirá avanzando “en la medida en que haya espacio fiscal”. En esta línea, también cuestionó otros gravámenes considerados distorsivos, como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. En Ámbito, Carlos Lamiral precisó que el enfoque oficial busca combinar señales de alivio impositivo con un orden fiscal estable.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que el costo inicial de la medida rondaría los u$s570 millones, pero aclaró que al incorporarse el efecto sobre Ganancias empresarias —donde una mejora en la rentabilidad incrementa la recaudación— la pérdida se reduce a u$s520 millones para Nación. Además, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían unos u$s66 millones adicionales por la coparticipación del impuesto.
La baja de alícuotas incluye reducciones en todos los cultivos principales: la soja pasará del 26% al 24%, sus subproductos bajarán dos puntos porcentuales, mientras que trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol también reducirán su carga impositiva entre uno y dos puntos. Según el IARAF, si la mejora en los precios percibidos incentiva un aumento en la producción, ese incremento podría ampliar la base imponible de los propios derechos de exportación y compensar total o parcialmente la pérdida recaudatoria inicial.
El efecto final dependerá de cómo reaccione la oferta agrícola. Si la elasticidad es significativa, la merma por la baja de alícuotas podría neutralizarse, al generarse mayores volúmenes comercializados en el exterior que eleven la recaudación vinculada al mismo tributo, aun con tasas más bajas.