La UIF puso en marcha un nuevo esquema de cooperación para reforzar la lucha contra el lavado de dinero
El organismo estableció mecanismos obligatorios de intercambio de información entre los principales entes de control financiero y derogó una normativa vigente desde 2013.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen de intercambio de información entre los organismos clave del sistema financiero y económico, con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 233/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un marco obligatorio de cooperación entre el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. La norma entrará en vigencia a los 90 días de su publicación y lleva la firma del presidente del organismo, Paulo Starc.
El nuevo sistema dispone que el intercambio de información entre estos entes se realice de manera directa y a través de canales electrónicos seguros, con la obligación de notificar a la UIF cada operación de cooperación. Los datos recabados pasarán a integrar la Base de Datos y la Matriz de Riesgo del organismo, lo que permitirá un análisis más integral de las operaciones bajo supervisión.
Asimismo, la resolución regula los pedidos de información hacia organismos de control extranjeros y las solicitudes provenientes del exterior, asegurando en todos los casos la confidencialidad, el secreto y la trazabilidad de los datos, conforme a lo establecido en la Ley 25.246. El objetivo es garantizar estándares homogéneos de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.
En los fundamentos de la medida, la UIF señala que este esquema facilitará la detección temprana de operaciones sospechosas, optimizará los procesos de supervisión e inspección y fortalecerá la capacidad del Estado para impulsar investigaciones administrativas o judiciales cuando la información reunida así lo justifique. En esa línea, el organismo remarca que la iniciativa se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con los resultados de la última evaluación mutua realizada a la Argentina, según consignó Ámbito en su cobertura especializada.
La resolución también deja sin efecto la normativa anterior que regulaba estos intercambios desde 2013, al considerar que había quedado desactualizada frente a los desafíos actuales del sistema financiero. No obstante, aclara que el nuevo régimen no limita la celebración de convenios específicos entre organismos ni afecta los acuerdos internacionales vigentes en materia de cooperación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.