Pesca industrial y camaroneras generan despojo en la costa sur de Guatemala

Champerico, con acceso privilegiado al Pacífico, vive una paradoja que revela la persistencia del colonialismo, con pescadores artesanales denunciando la presión de la pesca industrial, la contaminación de los esteros y la criminalización de quienes se atreven a defender sus territorios.

Un esqueleto de hierro oxidado sobresale al fondo de la playa de Champerico, en la costa sur del Pacífico guatemalteco. Allí estuvo el puerto que, con la construcción de Puerto Quetzal en los años ochenta, quedó relegado a un puerto pesquero artesanal. Hoy, buques y lanchas ya no salen desde este muelle, y los pescadores dependen de la empresa portuaria para amarrar sus lanchas y guardar el pescado en los congeladores, según un reportaje de El País. «Antes venían los muchachos con toneladas de pescado. Ahora dan gracias si traen un quintal», dice María Helena Hernández, quien desde hace más de veinte años compra el pescado del muelle para venderlo después. «Muchos jóvenes han terminado marchándose porque el mar ya no alcanza para mantener a sus familias».

Pero el declive del antiguo puerto no es la única causa. A ello se suman las consecuencias de la pesca industrial. «Antes los atuneros estaban a unas 200 millas de la costa, mar afuera. Hoy se pueden ver a unas 75. Y eso significa que dejan sin producto a los que pescamos más cerca de la orilla», explica Venancio Morales, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Champerico. Según Morales, las redes de cerco de los grandes buques capturan varias especies al mismo tiempo y una parte importante muere antes de ser aprovechada. «Hasta un 60% del producto que encierran con las redes termina muriendo. Y eso afecta la reproducción de las especies». Cerca de Puerto Quetzal opera Industria Atunera Centroamericana, filial de la empresa española Jealsa-Rianxeira, y según el informe «El impacto de las empresas pesqueras españolas en Centroamérica», la expansión de la pesca industrial ha obligado a muchos pescadores artesanales a adentrarse cada vez más en el océano para mantener sus capturas.

La presión sobre quienes viven del agua no termina en el mar abierto. En los esteros de Laguna Grande y El Muerto, sus habitantes denuncian desde hace años el impacto de las empresas camaroneras y los monocultivos, cuyos residuos —sostienen— terminan en estas lagunas. «Soy de un lugar donde tradicionalmente se vive de la pesca. Empresas camaroneras, palmicultoras y aceiteras han desechado sus residuos químicos que llegan a los esteros y al mar», afirmó Doris Ramírez, defensora del territorio e integrante de la Asociación de Pescadores de Champerico, en marzo de 2025 ante las Naciones Unidas. «La industria camaronera ha destruido los manglares. Antes salía con un costal y recolectaba lo que había a mano: jaiba, camarón… Pero con el transcurso del tiempo la cantidad ha mermado». La camaronera a la que se refiere es Nova Guatemala, del Grupo Nueva Pescanova, de capital español, que constituye una de las principales fuentes de trabajo. Según el informe sobre las empresas pesqueras en Centroamérica, la mayoría de las personas empleadas son mujeres, con jornadas de hasta doce horas y sometidas a fuertes presiones.

«Los pueblos originarios tenían sus zonas de pesca en el Pacífico y, con la colonización, perdieron ese acceso. A partir de ahí se dio una situación de exclusión, discriminación y esclavitud que obligó a las comunidades a abandonar sus cultivos de subsistencia para dedicarse a actividades más rentables», señala Julio González, activista ecológico del Colectivo Madre Selva, quien explica cómo toda la costa sur inició su devastación ambiental con la introducción de especies pecuarias y cómo los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, al fumigar, desembocan en el mar. «La contaminación es tal que hay períodos en los que no se puede comer pescado ni marisco sin riesgo de intoxicación». A esto se suma la criminalización de quienes denuncian la contaminación. Pedro Liceo Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Pescadores de Subsistencia, fue llevado a los tribunales junto a otras cinco personas por Nova Guatemala, acusadas de coacción, aunque el juicio terminó con la absolución de todas por falta de pruebas. Pedro conserva las citaciones y los documentos del caso, también para una solicitud de salida del país por las amenazas que asegura haber recibido desde aquella protesta, aunque su caso quedó detenido con la llegada de Donald Trump y los recortes de USAID.

Durante la visita al municipio se solicitó acceder a las instalaciones de Nova Guatemala, pero la entrada no fue autorizada. La compañía respondió posteriormente por correo electrónico, desde su sede española, que sus fincas de cultivo de camarón en la zona no están operativas: «Las piscinas están vacías y en estas fincas solo hay vegetación, por lo que no pueden ser causantes de la contaminación a la que se refiere ni de ningún tipo de plaga. En los años en los que sí estuvieron operativas, antes de 2022, nunca recibimos ninguna notificación de las autoridades por ningún tipo de incumplimiento o contaminación». La Unión Europea es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo, y el End of Fish Day de 2026 fue el 19 de mayo. En este contexto, la presencia de grandes empresas pesqueras extranjeras en Guatemala forma parte de un modelo extractivo globalizado en el que los recursos y la mano de obra permanecen en el territorio, mientras los beneficios viajan hacia otros mercados. Frente a este modelo, en marzo de 2025 Doris Ramírez pidió ante Naciones Unidas la aprobación en Guatemala de una ley de biodiversidad que proteja las especies, que incluya a las comunidades en las discusiones y que defienda las formas artesanales de pesca.