Polémica en el campo por la propuesta de crear un impuesto al metano bovino en la provincia de Buenos Aires
Productores, especialistas y entidades rurales cuestionan la base científica, el criterio fiscal y el impacto social del proyecto que busca gravar emisiones ganaderas. La iniciativa de la diputada Lucía Klug abrió un conflicto político inesperado.
La discusión sobre la creación de una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA) en la provincia de Buenos Aires escaló con fuerza en los últimos días. La diputada Lucía Klug impulsó un proyecto que propone cobrar un tributo basado en las emisiones de metano provenientes de la actividad ganadera, con el objetivo de financiar un fondo destinado a la gestión de residuos urbanos y, al mismo tiempo, apuntar a la reducción de gases de efecto invernadero.
Lo que comenzó como una propuesta acotada rápidamente derivó en un enfrentamiento entre sectores productivos, técnicos y políticos. Productores rurales, cámaras del agro y especialistas cuestionan desde la definición del gas que se busca gravar hasta la lógica impositiva elegida.
Según reconstruyó Ámbito, las críticas se apoyan en tres ejes: las bases biológicas del proyecto, su diseño tributario y el trasfondo ideológico que algunos observan detrás de la iniciativa.
Entre las voces más influyentes aparece la de Ernesto Viglizzo, investigador del CONICET y referente en temas ambientales, quien asegura que la propuesta parte de supuestos científicos incorrectos. El especialista explicó que el ganado bovino representa alrededor del 15% del metano global y remarcó que el gas tiene un tiempo de permanencia muy breve en la atmósfera comparado con otros contaminantes. Sostiene que mezclar gases, escalas temporales y sistemas productivos tan distintos conduce a conclusiones imprecisas.
Viglizzo también señaló que la tasa reproduce un enfoque fiscal que desconoce el funcionamiento de los sistemas biogénicos: aplica criterios diseñados para emisiones fósiles a procesos naturales de ciclos cortos. En sus palabras, la iniciativa combina “errores conceptuales, sesgos tributarios e interpretaciones ideológicas” sobre el rol del campo y la propiedad de la tierra.
Del lado de las entidades rurales, la reacción fue inmediata. Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, consideró que el proyecto es “técnicamente desactualizado” y que ignora la transición conceptual hacia el balance de carbono, que evalúa simultáneamente lo emitido y lo capturado. Argumenta que la ganadería extensiva argentina funciona dentro de un sistema circular en el que el metano se reabsorbe en pasturas y suelos que actúan como sumideros, mientras que industrias de origen fósil no tienen esa capacidad de compensación.
La Cámara Argentina de Feedlot también expresó su rechazo. Sostuvo que la tasa tiene un fin recaudatorio y desconoce el aporte económico y social de la cadena ganadera en la provincia. Advierte que su aplicación podría elevar costos, desalentar inversiones y afectar el empleo rural.
Investigadores del INTA y del CONICET han insistido previamente en que el metano proveniente de rumiantes constituye un gas de ciclo corto y que el impacto climático real debe evaluarse con métricas modernas, como el GWP*, que captan la dinámica de los flujos biológicos. Alertan que legislar con parámetros pensados para emisiones fósiles puede distorsionar el diagnóstico y penalizar sistemas ambientalmente estables.
El debate también tiene un costado social. Gran parte de las regiones áridas y semiáridas del país solo permiten ganadería de subsistencia. Viglizzo advierte que un impuesto sin segmentación castiga por igual a productores pampeanos de gran escala y a familias rurales que dependen de pocos animales para sobrevivir. Un esquema así, advierte, podría profundizar desigualdades y acelerar procesos de migración.
Aunque el proyecto aún no ingresó al recinto, ya motivó pedidos de informes y reuniones reservadas entre legisladores y organismos técnicos. Su futuro dependerá de si se incorporan métricas actualizadas, segmentación por tipo de sistema productivo y criterios basados en evidencia científica.
Por ahora, la discusión sobre la “tasa al metano” dejó expuesto un dilema mayor: cómo regular emisiones sin desconocer la complejidad de los sistemas biológicos, el impacto económico regional y la sensibilidad política del sector que abastece buena parte de la economía bonaerense.