El Gobierno apuesta a la reforma laboral para bajar el riesgo país por debajo de los 500 puntos

Con los mercados atentos a una acumulación de reservas más consistente, el Gobierno nacional se prepara para jugar una de sus cartas clave en las sesiones extraordinarias previstas para febrero: lograr que el riesgo país perfore el umbral de los 500 puntos. El objetivo, que originalmente estaba planteado para diciembre, quedó ahora atado casi exclusivamente al avance de la reforma laboral.

La iniciativa ya cuenta con dictamen en el Senado, pero aún no llegó al recinto. En el Ejecutivo consideran que su aprobación podría funcionar como señal política y económica para acelerar la normalización financiera, en un contexto donde el Presupuesto 2026 ya fue sancionado y se encuentra en vigencia.

Según admiten en despachos legislativos, el plan inicial de la Casa Rosada contemplaba un “combo” entre ambas leyes para generar un impacto inmediato en los indicadores de riesgo y habilitar, eventualmente, un regreso gradual a los mercados internacionales de crédito. Con uno de esos proyectos ya aprobado, el foco quedó puesto en el mundo del trabajo.

Sin embargo, la estrategia choca con la cautela de la oposición dialoguista, cuyos votos resultan determinantes. En las últimas semanas, los principales interlocutores del oficialismo repitieron un mensaje común: no hay definiciones cerradas ni plazos garantizados. La prudencia responde tanto al contenido del texto como al costo político de acelerar los tiempos.

Desde el Senado reconocen que el oficialismo ganó peso político desde el inicio del nuevo gobierno y que intenta marcar agenda, pero advierten sobre los riesgos de forzar el calendario. Legisladores aliados señalaron que la decisión de postergar el debate para febrero buscó justamente evitar tensiones innecesarias en diciembre y ganar margen de negociación.

Uno de los puntos más sensibles es el capítulo tributario incluido en la reforma. Allí se concentran buena parte de las diferencias entre el Ejecutivo y los bloques dialoguistas, que reclaman ajustes adicionales. La posibilidad de que este apartado sea el único eje de discusión impositiva durante 2026 también genera ruido, en un escenario donde el Gobierno sostiene como prioridad el déficit cero.

En paralelo, otras iniciativas permanecen en pausa. La ley de glaciares y el proyecto de estabilidad monetaria cuentan con dictámenes, pero no aparecen como urgencias inmediatas. En general, los bloques prefieren postergar su tratamiento hasta marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias.

Más compleja aún es la situación del proyecto de reforma del Código Penal. Aunque fue mencionado en el temario de extraordinarias de diciembre, nunca ingresó formalmente al Congreso. La falta de definiciones sobre el mecanismo de debate —incluida la idea de una comisión bicameral— generó resistencias y anticipa un tratamiento más extenso y cuidadoso.

Así, mientras el Ejecutivo deposita expectativas en febrero para consolidar señales de confianza ante el mercado, el Congreso avanza con cautela. El objetivo de perforar los 500 puntos del riesgo país sigue en pie, pero su concreción dependerá tanto de los consensos políticos como de la capacidad remindme del Gobierno para administrar tiempos y expectativas.