La CGT reclama ser parte de la discusión y advierte que “antes de la reforma laboral, viene la tributaria”

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional promete convertirse en uno de los debates más tensos de la agenda política. En ese marco, Jorge Sola, flamante integrante del triunvirato que conduce la CGT, cuestionó que todavía no exista una convocatoria formal a la central obrera y sostuvo que cualquier discusión debería comenzar por una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal sobre las pymes. Según explicó, muchas pequeñas empresas afrontan cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales que pueden representar hasta el 40% de sus ventas.

Durante una entrevista radial, el dirigente sindical planteó que el Gobierno “está invirtiendo el orden de prioridades”, al ubicar primero la reforma laboral en lugar de avanzar con medidas que fomenten la inversión productiva. También remarcó que, por ahora, los detalles del proyecto se conocen solo a través de trascendidos y que ninguna de las partes directamente involucradas —ni empleadores ni trabajadores— fue llamada a debatir medidas que los afectarán de manera directa.

En el análisis difundido por Infobae, Sola sostuvo que no se puede legislar con un criterio uniforme para todas las actividades, ya que las condiciones de trabajo en servicios, banca o seguros difieren enormemente de las de sectores como energía o minería. Como ejemplo, recordó que la jornada laboral en servicios es de siete horas, mientras que en minería se trabaja por turnos de quince días corridos. Por eso insistió en que cada rama requiere soluciones específicas y no una ley generalizada que desconozca sus particularidades.

El sindicalista destacó además que muchos convenios colectivos ya han incorporado cambios profundos, como el teletrabajo o la regulación del uso de inteligencia artificial, y que la modernización se viene dando de manera sectorial. Aun así, advirtió sobre la poca incidencia real que suelen tener los sectores afectados en los debates parlamentarios, donde su participación es “meramente formal”. Según los plazos que se manejan, el Ejecutivo podría enviar el proyecto al Congreso en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Sola también se refirió al deterioro del empleo privado, que —según indicó— lleva quince años sin crecimiento sostenido y registró una pérdida de 250.000 puestos en los últimos dos años, equivalente al cierre de unas 18.000 pymes. En cuanto a la preocupación empresarial por los juicios laborales, afirmó que el conflicto judicial no debería existir si se cumplen las obligaciones legales, aunque reconoció que los procesos pueden prolongarse durante años y poner en riesgo la continuidad de pequeñas firmas.

Consultado sobre los aportes sindicales, rechazó cualquier intento de debilitamiento de las organizaciones gremiales y recordó que la libertad sindical está protegida por normas constitucionales y tratados internacionales. Aclaró, además, que la cuota solo es obligatoria para quienes se afilian.

Al cerrar, destacó que la CGT llega “fortalecida en la unidad” para afrontar las negociaciones que puedan abrirse una vez que el Gobierno haga público su proyecto de reforma laboral.