Milei pidió al Congreso acelerar la reforma laboral y Bullrich prepara una sesión en el Senado para buscar la media sanción

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una reforma integral con 197 artículos que propone modificaciones profundas en la normativa laboral vigente. El presidente Javier Milei acompañó el envío con un mensaje dirigido a senadores y diputados, en el que pidió “abrazar las ideas de la libertad” para “dejar atrás 100 años de decadencia” y avanzar hacia un nuevo esquema regulatorio para el empleo.

Según plantea el texto oficial, la iniciativa apunta a actualizar el marco laboral argentino para “remover distorsiones” que, a criterio del Ejecutivo, afectan la creación de empleo formal y la competitividad de las empresas. Se incluyen cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen sindical, la negociación colectiva, el sistema indemnizatorio, las modalidades de contratación y la regulación de la economía de plataformas. Desde la Casa Rosada aseguran que el objetivo es generar “normas claras y simples” que fortalezcan la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

Entre los ejes centrales se destacan la digitalización de la registración laboral, la reducción de cargas administrativas y un nuevo esquema para calcular indemnizaciones. El proyecto también habilita el pago de salarios en moneda extranjera si existe acuerdo entre las partes, introduce la figura de “bancos de horas” y crea un Programa de Formación Laboral Básica orientado a mejorar la inserción laboral. Para la economía de plataformas se establece un régimen específico que reafirma la independencia de los repartidores y delimita las obligaciones de las empresas.

En materia de derecho colectivo, se propone limitar la ultraactividad de los convenios, fijar reglas sobre la realización de asambleas y establecer que la no prestación de tareas durante estos espacios no generará obligación de pago salarial. También avanza en la creación de Fondos de Asistencia Laboral, financiados con una contribución del 3% de las remuneraciones, para facilitar el pago de indemnizaciones y reducir la litigiosidad.

La reforma incorpora además incentivos impositivos y productivos, como el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé reducciones de contribuciones patronales por 48 meses en nuevas contrataciones registradas, y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

En su exposición pública, Milei defendió el proyecto señalando que el sistema laboral actual “responde a una estructura industrial de los años 70” y que su falta de actualización derivó en un mercado marcado por la informalidad y mayores costos para las pymes. “El país decidió cambiar”, afirmó, al insistir en que el Congreso tiene ahora la responsabilidad de traducir ese mandato en reformas concretas.

En paralelo, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, trabaja para acelerar el debate y constituir de inmediato las comisiones que deben tratar el proyecto. La intención del oficialismo es sesionar el miércoles próximo para obtener la media sanción. Sin embargo, referentes legislativos admiten que “no es sencillo” avanzar con rapidez en una reforma de esta magnitud y reconocen que aún no está claro si se reunirán los apoyos suficientes.

La dinámica en Diputados también condiciona el cronograma: antes de analizar la reforma laboral, la Cámara baja deberá tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, ambos proyectos todavía pendientes de dictamen. Mientras que el Presupuesto tendría respaldo para aprobarse antes de fin de año, otras iniciativas quedarían para enero, en un escenario de negociación ajustado y expectativas dispares dentro del Congreso.