Trazabilidad agro: el nuevo desafío que redefine al campo latinoamericano

En 2025 al menos 124 personas defensoras del territorio y el ambiente fueron asesinadas en el mundo y el 85% de esos casos ocurrió en América Latina, según el informe publicado por Global Witness. Colombia registró 39 asesinatos y Brasil 26: juntos concentraron el 52% del total mundial. El dato importa al agro porque las disputas territoriales estuvieron asociadas con más de la mitad de los casos documentados y porque territorio, legalidad del origen y trazabilidad comienzan a cruzarse cada vez más con las condiciones exigidas a las cadenas agroalimentarias para participar de los mercados globales.

El fenómeno requiere, sin embargo, una distinción fundamental. Los datos de Global Witness no permiten atribuir la violencia al sector agropecuario en general. La organización relacionó 11 asesinatos con minería e industrias extractivas, ocho con intereses madereros y seis con agronegocios, mientras también identificó presencia del crimen organizado o sicarios en más de un tercio de los casos. Además, Global Witness advierte que sus registros probablemente subestiman el fenómeno porque existen asesinatos y agresiones que no llegan a denunciarse o verificarse. Su metodología de recopilación y verificación se apoya en más de 30 organizaciones de más de 20 países.

La trazabilidad gana peso en las cadenas ganaderas: origen, geolocalización y uso del suelo comienzan a formar parte de las exigencias de determinados mercados internacionales. La discusión adquiere otra dimensión cuando se observa el peso productivo de la región. La FAO para América Latina y el Caribe define a América Latina y el Caribe como el principal exportador neto de alimentos del mundo y estima que produce alimentos para cerca de 1.300 millones de personas, más del doble de su propia población. Sus sectores agroalimentarios representan, según el país, entre 9% y 35% del PIB y contribuyen con alrededor de una cuarta parte de las exportaciones regionales. Por eso, cualquier transformación de las normas ambientales, comerciales o de trazabilidad en los grandes destinos compradores tiene efectos potenciales sobre productores, agroexportadores e inversiones.

De la huella de carbono a la trazabilidad social y territorial

Durante años, buena parte de la agenda internacional de sustentabilidad agropecuaria estuvo concentrada en emisiones, biodiversidad, deforestación, uso del agua y huella de carbono. Esa agenda no desaparece, pero se amplía. La nueva pregunta es cada vez más precisa: ¿de dónde proviene exactamente aquello que compra un mercado y bajo qué condiciones fue producido? Ya no alcanza con identificar el producto y medir su impacto ambiental. Crece la necesidad de reconstruir su origen geográfico, verificar la legalidad de la producción y disponer de información que acompañe al producto dentro de la cadena de custodia.

Es allí donde aparece el concepto de trazabilidad social y territorial. No constituye hoy una categoría jurídica uniforme exigida por todos los mercados, pero permite describir una transformación que ya está ocurriendo: los sistemas de trazabilidad dejan de cumplir solamente una función sanitaria o productiva y comienzan a incorporar variables ambientales, legales y territoriales. Para cadenas como carne bovina, soja, café, cacao, palma, madera y caucho, demostrar el origen de la materia prima puede convertirse en una condición decisiva para conservar determinados destinos comerciales y reducir riesgos dentro de las cadenas de valor agroalimentarias.

El ejemplo más concreto llega desde Europa. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) comprende ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de numerosos productos derivados. La normativa busca garantizar que los productos comercializados en la UE no provengan de tierras deforestadas y hayan sido producidos conforme a la legislación pertinente del país de producción. Tras las últimas modificaciones, comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores y el 30 de junio de 2027 para la mayoría de los micro y pequeños operadores.

Para América Latina, esas fechas transforman una discusión ambiental en una cuestión comercial inmediata. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó en 2025 las brechas y buenas prácticas para adecuar las cadenas de soja, carne vacuna y madera de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a la normativa europea y calificó el proceso de adaptación como un desafío para los exportadores regionales. Otro estudio del organismo analiza palma, cacao y café. En este esquema, disponer de datos sobre parcelas, documentos de respaldo, debida diligencia y mecanismos que eviten mezclar productos de distinto origen adquiere un valor comercial concreto.

El BID llevó esa preocupación al terreno operativo. En julio de 2025 aprobó una cooperación técnica regional sobre comercio libre de deforestación por US$ 350.000, actualmente en implementación, destinada a fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos para cumplir normas internacionales como el EUDR. El programa contempla trazabilidad, legalidad de la producción y debida diligencia, pero incorpora además un punto especialmente sensible para el agro regional: ampliar la participación de pequeñas y medianas explotaciones y empresas intermediarias, evitando que la asimetría de información termine expulsándolas de las cadenas de suministro.

Ese riesgo no es menor. Georreferenciar establecimientos, digitalizar registros, interoperar bases de datos, certificar procesos y mantener cadenas de custodia requiere tecnificación, financiamiento e infraestructura digital. Para grandes compañías agroexportadoras esas inversiones pueden incorporarse al costo operativo; para pequeños y medianos productores pueden transformarse en una nueva barrera no arancelaria. El desafío para gobiernos, organismos multilaterales y sector privado será impedir que productores que cumplen condiciones ambientales y legales queden fuera de determinados mercados simplemente porque no poseen las herramientas tecnológicas necesarias para demostrarlo.

El nuevo valor de demostrar dónde y cómo se produce

La dimensión económica ayuda a comprender la magnitud del desafío. Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), las exportaciones agroalimentarias de América Latina y el Caribe alcanzaron US$341.376 millones en 2023, equivalentes al 17,2% de las exportaciones agroalimentarias mundiales contempladas en su análisis. Sin embargo, apenas 14,9% de las exportaciones agroalimentarias regionales correspondió al comercio intrarregional. Esa fuerte inserción extrarregional aumenta la exposición de las cadenas latinoamericanas a regulaciones, estándares privados y nuevas condiciones impuestas por grandes mercados compradores.

La trazabilidad también puede convertirse en una oportunidad. Agricultura digital, imágenes satelitales, georreferenciación, certificaciones y sistemas interoperables permiten construir una cadena de custodia verificable desde el establecimiento hasta el comprador internacional. Un productor capaz de demostrar origen, legalidad y desempeño ambiental puede reducir riesgos para exportadores, bancos e inversores y diferenciar su producción. La cuestión será quién absorbe el costo de esa transformación y cómo se distribuye el valor generado, especialmente en cadenas integradas por miles de pequeños establecimientos.

En ese escenario, seguridad jurídica y sustentabilidad dejan de ser agendas separadas. Superposición de títulos, informalidad dominial, conflictos territoriales o ausencia de catastros confiables pueden afectar a comunidades, productores e inversores legítimos. Una estrategia de trazabilidad robusta necesita, por lo tanto, algo más que tecnología: requiere instituciones capaces de determinar derechos, resolver controversias y producir información territorial confiable. Para el agro latinoamericano, fortalecer esas capacidades puede reducir riesgos comerciales y, simultáneamente, mejorar las condiciones para atraer financiamiento e inversión de largo plazo.

El informe de Global Witness funciona entonces como la expresión más extrema de una problemática considerablemente más amplia. Territorio, derechos, seguridad jurídica, deforestación, trazabilidad y comercio internacional comienzan a converger dentro de una misma cadena agroalimentaria. Eso no significa equiparar conflictividad territorial con producción agropecuaria, sino reconocer que los compradores internacionales demandan cada vez más información sobre el origen de aquello que adquieren y que la capacidad de responder a esa demanda puede transformarse en un factor de competitividad.

América Latina mantiene una extraordinaria ventaja comparativa para abastecer la seguridad alimentaria mundial, pero las reglas comerciales están incorporando nuevas variables. La próxima frontera de la agricultura digital quizá no sea solamente saber cuánto produce una hectárea, cuánta agua utiliza o cuál es su huella de carbono. Será también poder demostrar de dónde proviene cada producto y bajo qué condiciones llegó desde el campo hasta el mercado global. Para el agro regional, el desafío será transformar esa mayor exigencia de información en valor agregado y evitar que se convierta en una nueva barrera de acceso.