América Latina enfrenta más de 18,5 millones de ciberataques al año
Un informe regional advirtió sobre el fuerte crecimiento de las amenazas digitales y la falta de marcos regulatorios en buena parte de los países. En Argentina, el Gobierno prepara un nuevo esquema de monitoreo y respuesta con la puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Seguridad nacional prevista para 2027.
América Latina registra más de 18,5 millones de ciberataques al año, en un contexto marcado por la expansión de los servicios digitales, el uso creciente de inteligencia artificial y la mayor exposición de organismos públicos, empresas e infraestructuras críticas. El dato surge de un informe elaborado por Digi Americas sobre los desafíos de la transformación digital en la región.
El relevamiento advierte que, pese al aumento de los incidentes, sólo siete de los 32 países latinoamericanos analizados cuentan con regulaciones específicas para proteger servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT, una herramienta considerada central para coordinar respuestas ante ataques de gran escala.
Según consignó La Voz, las principales amenazas afectan redes estatales, trámites digitales, sistemas energéticos, servicios de salud y operaciones vinculadas con el comercio exterior. El ransomware, las filtraciones de datos y distintos tipos de fraude se encuentran entre las modalidades más frecuentes, tanto en el sector público como en el privado.
El informe recordó algunos de los episodios más graves ocurridos en los últimos años. Uno de ellos fue el ataque sufrido por Costa Rica en 2022, cuando el grupo Conti afectó sistemas del Ministerio de Hacienda y exigió un rescate de US$20 millones. Semanas después, el grupo Hive paralizó servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, en una crisis cuyo impacto económico inicial fue estimado en US$125 millones.
Otro antecedente relevante fue el ataque contra IFX Networks en 2023, que afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de distintos países de la región. Este tipo de episodios reforzó la preocupación por la vulnerabilidad de proveedores tecnológicos que concentran servicios para múltiples organismos y compañías.
La inteligencia artificial ocupa además un lugar central en el nuevo escenario de ciberseguridad. Por un lado, permite mejorar la detección de amenazas en tiempo real y automatizar respuestas, pero también amplía las capacidades disponibles para quienes desarrollan ataques más complejos y sofisticados. Frente a ese escenario, los especialistas plantean la necesidad de fortalecer el cifrado, la cooperación internacional y los mecanismos de intercambio de información.
En Argentina, el Gobierno nacional avanza con una estrategia conducida por el Centro Nacional de Ciberseguridad que contempla la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad, o SOC, de alcance nacional. La previsión oficial es que el nuevo esquema comience a funcionar durante los primeros meses de 2027.
El centro tendrá como objetivo centralizar alertas de organismos públicos y compartir información sobre amenazas detectadas. Los registros del Cert.ar muestran que los incidentes reportados pasaron de entre 200 y 400 casos anuales a superar los 700 durante 2026, aunque desde el área de ciberseguridad aclararon que parte del crecimiento también responde a una mejora en la capacidad de detección y a un mayor registro de hechos que anteriormente no eran informados.
Como parte del plan, los organismos públicos deberán designar responsables específicos de ciberseguridad, elaborar inventarios de sus sistemas y evaluar cuánto tiempo pueden permanecer fuera de funcionamiento sus servicios ante un eventual ataque. La estrategia también contempla la implementación de un modelo de madurez para detectar vulnerabilidades y establecer prioridades de inversión.
Otro de los componentes será la creación de una denominada “ciberarena”, una plataforma destinada a simular ataques sobre entornos vinculados con sectores críticos como energía y salud. El objetivo será evaluar la capacidad de respuesta de los equipos técnicos ante escenarios similares a los que podrían enfrentar en una situación real.
El programa también prevé instancias de capacitación para empleados estatales. Habrá contenidos generales destinados a prevenir estafas, fraudes y ataques de phishing, además de formación especializada para autoridades, desarrolladores y personal técnico con responsabilidades sobre sistemas sensibles.
El Centro Nacional de Ciberseguridad mantendrá su competencia sobre la administración pública nacional y las infraestructuras críticas, aunque el plan apunta también a establecer mecanismos de coordinación con provincias, municipios y empresas privadas. La estrategia busca ampliar la capacidad de prevención y respuesta ante un escenario en el que las amenazas digitales muestran una tendencia sostenida de crecimiento.