Ecuador arrastra desde 2009 el desafío de crear, fusionar y liquidar empresas públicas

La creación, fusión y liquidación de empresas públicas se convirtió en un problema persistente para el Estado ecuatoriano desde 2009, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi. En los últimos 17 años llegaron a existir 38 entidades de este tipo, aunque actualmente solo permanecen vigentes 11.

La expansión del aparato estatal, los cambios de orientación de los gobiernos, la contracción de las finanzas públicas y las decisiones presidenciales fueron configurando un escenario complejo, especialmente para el Ejecutivo. Uno de los principales desafíos es la dificultad para concluir los procesos de liquidación de empresas que ya fueron cerradas formalmente.

Varias entidades llevan años intentando completar esos procedimientos sin éxito. En los últimos días, el presidente Daniel Noboa dispuso nuevas ampliaciones de plazo para la liquidación de cuatro empresas públicas: la Unidad Nacional de Almacenamiento, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador y Fabricamos Ecuador. Las tres últimas prórrogas fueron decretadas entre el 29 y el 30 de junio.

Durante su gestión, Noboa también aplicó su propio criterio sobre el esquema de empresas estatales. Además de continuar con la liquidación de seis entidades, resolvió que la Flota Petrolera Ecuatoriana absorba a Astilleros Navales y decretó la extinción de Santa Bárbara EP y de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.

El mandatario también modificó el nombre de la empresa pública de vivienda, una práctica que se repitió en distintos gobiernos, y la denominó Vivienda y Desarrollo Urbano EP. Además, en mayo de 2026 decretó la creación de una nueva entidad: Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud.

El mayor crecimiento de empresas públicas se produjo durante la presidencia de Rafael Correa. En ese período, el Estado ecuatoriano se expandió con fuerza y se multiplicaron las instituciones públicas en todo el país. Solo entre 2009 y 2015 se emitieron 31 decretos de creación de empresas estatales.

Durante esos años también se reorganizaron entidades ya existentes. Algunas instituciones que tenían otras figuras fueron transformadas en empresas públicas, como la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, Telecomunicaciones Móviles y la aerolínea TAME.

Además, se realizaron cambios, fusiones y absorciones en empresas que luego desaparecieron, entre ellas Hidropastaza, Hidroeléctrica del Litoral, Eléctrica de Guayaquil, Parques Naturales y Espacios Públicos, Servicios Marítimos y Logísticos, Infraestructuras Pesqueras, Importadora, Revisión Técnica Vehicular y Zona Especial Eloy Alfaro.

A partir de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, comenzó un proceso de reducción de empresas públicas. La decisión estuvo marcada por cuestionamientos sobre la transparencia de estas entidades y por escándalos de corrupción asociados a algunas de ellas. Uno de los primeros movimientos importantes fue la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas.

En 2020, en medio del impacto económico y social de la pandemia de Covid-19, Moreno ordenó la extinción y liquidación de ocho empresas públicas: TAME, Unidad de Almacenamiento, Siembra, Ecuador Estratégico, Ferrocarriles, Correos, Centros de Alto Rendimiento y Medios Públicos.

Sin embargo, el propio gobierno de Moreno debió crear dos nuevas empresas para reemplazar funciones de entidades cerradas. Así surgieron Servicios Postales, en lugar de Correos del Ecuador, y Comunicación EP, encargada de administrar los medios públicos.

Durante la administración de Guillermo Lasso no se profundizó ese patrón de creación o extinción de empresas. Su principal modificación estuvo vinculada al cambio de nombre de la entidad encargada de la construcción de vivienda.

Con Daniel Noboa, el Ejecutivo retomó medidas similares a las aplicadas durante el gobierno de Moreno, aunque en una escala menor. Bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado, avanzó con extinciones, fusiones y cambios institucionales, pero al mismo tiempo creó una nueva empresa pública vinculada al abastecimiento, la infraestructura y la logística en salud.

El caso muestra que la política de empresas públicas en Ecuador ha estado marcada por ciclos de expansión, reorganización y reducción. Sin embargo, el principal problema continúa siendo la dificultad para cerrar definitivamente entidades que ya fueron declaradas en liquidación, un proceso que en varios casos se prolonga durante años y mantiene abiertas cargas administrativas, legales y financieras para el Estado.