El Gobierno acelera la privatización de AySA y prepara la venta de su participación estatal

El Ejecutivo nacional avanza en la etapa final para poner en marcha la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las empresas habilitadas para este proceso a partir de la Ley Bases. En el entorno presidencial aseguran que la elaboración del pliego está prácticamente terminada y que su publicación oficial se concretaría en las próximas semanas.

Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, la intención es iniciar en el corto plazo la licitación que permitirá a operadores privados competir por la mayoría accionaria de la compañía, actualmente presidida por Alejo Maxit. Aunque no hay una fecha definida, en el Gobierno sostienen que el llamado se conocerá antes de que finalice el primer trimestre del año y no descartan que ocurra durante febrero.

AySA integra el grupo de ocho empresas públicas incluidas en el esquema de privatizaciones aprobado por el Congreso en 2024, junto a Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El marco legal para avanzar con la venta se consolidó en julio pasado, cuando se publicó el decreto que habilita la transferencia de la totalidad de las acciones en manos del Estado nacional, que hoy controla el 90% del capital social. El 10% restante continuará bajo el programa de propiedad participada destinado a los trabajadores de la empresa. Parte de estos lineamientos ya habían sido anticipados en informes periodísticos de Infobae, que siguió de cerca la estrategia oficial para reducir la participación estatal en empresas de servicios públicos.

De acuerdo con lo previsto, la licitación contemplará la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, que asumirá el control operativo de la compañía. El porcentaje restante podrá colocarse en los mercados bajo un esquema de libre flotación. El proceso estará supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Desde el Gobierno aclararon que no se exigirá que los oferentes pertenezcan exclusivamente al sector de agua y saneamiento, aunque sí deberán acreditar experiencia en la gestión de servicios públicos. En ese marco, ya se registraron manifestaciones de interés de firmas nacionales e internacionales, entre ellas compañías especializadas de la región.

Una vez concretada la privatización, el control de la prestación del servicio quedará en manos del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), encargado de la supervisión tarifaria y la calidad del servicio, y de la Agencia de Planificación (APLA), responsable de definir inversiones y planes de expansión.

Como paso previo, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, con inversiones estatales estimadas en más de $750.000 millones, orientadas a mejorar la infraestructura y dejar a la empresa en condiciones para el traspaso. En paralelo, se actualizó el marco regulatorio de AySA, habilitando, entre otros cambios, la posibilidad de interrumpir el suministro en casos de falta de pago.

AySA brinda servicios de agua potable y saneamiento a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en numerosos municipios del conurbano bonaerense, lo que convierte a su privatización en uno de los procesos más relevantes dentro del plan de reforma del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.