El oficialismo analiza crear una Bicameral para acelerar la reforma integral del Código Penal
Tras definirla como una prioridad para las sesiones ordinarias que arrancan el 1° de marzo, el presidente Javier Milei evalúa, junto a su mesa política y judicial, un mecanismo para unificar dictámenes y reducir los tiempos del debate parlamentario.
Con el calendario legislativo ya en marcha, el Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia para avanzar con una de las reformas más ambiciosas del año: la actualización integral del Código Penal. En ese marco, en la Casa Rosada se discute la posibilidad de impulsar una Comisión Bicameral que concentre el tratamiento del proyecto y permita acelerar su recorrido por el Congreso.
La alternativa surge luego de las definiciones públicas de Javier Milei durante una visita a Mar del Plata, donde remarcó que la reforma penal será un eje central del período ordinario. En el oficialismo consideran que una Bicameral facilitaría la unificación del dictamen entre Diputados y el Senado, reduciendo la chance de cambios posteriores y acortando los plazos de discusión. La idea fue conversada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a Patricia Bullrich, quienes ven en ese esquema una vía para ordenar el debate.
Sin embargo, no todos en el equipo comparten el mismo diagnóstico. Algunos funcionarios advierten que la conformación de una Bicameral exige acuerdos institucionales complejos y una disposición al diálogo que podría verse condicionada por la oposición. “El riesgo es que el mecanismo termine trabando el proceso en lugar de agilizarlo”, admiten en despachos oficiales, donde reconocen que la negociación política será clave.
Mientras tanto, la mesa judicial avanza con la redacción final del proyecto, que superará los 900 artículos y estaría lista hacia la primera quincena de febrero. El trabajo técnico involucra a figuras centrales del Gobierno, como el asesor presidencial Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy. Según trascendió en ámbitos oficiales y fue consignado por Infobae en las últimas horas, el objetivo es llegar al recinto con un texto consolidado y con el menor margen posible para modificaciones.
El proyecto apunta a modernizar el Código Penal vigente desde 1921, con un enfoque orientado a endurecer penas y reducir lo que el Gobierno considera márgenes de discrecionalidad judicial. Entre los ejes principales se encuentran el aumento de sanciones para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, trata de personas y delitos contra la integridad sexual.
La discusión se da en paralelo a otras iniciativas relevantes que también integran la agenda oficial, como la reforma laboral, la ley penal juvenil, la ley de glaciares y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Con un febrero atravesado por un cronograma acotado y feriados, el oficialismo optó por postergar el tratamiento del Código Penal para las sesiones ordinarias, con la expectativa de reunir apoyos suficientes y evitar un debate exprés sobre una reforma estructural del sistema penal argentino.