Nicaragua aprueba en primera instancia una reforma que excluye a la oposición de las elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua, con mayoría absoluta del oficialismo, aprobó en primera instancia una reforma constitucional que introduce cambios de fondo en el sistema político del país centroamericano. La iniciativa, impulsada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece la prohibición de participación electoral para los partidos de oposición y extiende los mandatos de los copresidentes, funcionarios electos y jefes del ejército y la policía de seis a siete años.

La votación se realizó el miércoles 2 de septiembre en una sesión especial llevada a cabo frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros de Managua, en un gesto que las autoridades calificaron como simbólico. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, anunció que la reforma fue aprobada «de forma unánime» en su votación general.

Segunda votación en 2027

De acuerdo con el procedimiento legislativo nicaragüense, las reformas constitucionales requieren de dos votaciones en sesiones legislativas distintas para entrar en vigor. La segunda aprobación está prevista para el 18 de enero de 2027, momento en el que la enmienda quedaría definitivamente ratificada.

Además de las inhabilitaciones políticas, la reforma modifica el calendario electoral, postergando los comicios presidenciales que originalmente estaban previstos para fines de 2026 hasta finales de 2027. Este movimiento ya había sido anticipado hace dos años, cuando el oficialismo aprobó una reforma que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó a Rosario Murillo al rol de copresidenta.

Control absoluto y críticas internacionales

Daniel Ortega, de 80 años, y Rosario Murillo, de 75, ejercen un control casi absoluto sobre Nicaragua desde hace casi dos décadas. El gobierno sostiene que las medidas buscan garantizar la estabilidad del país, aunque organizaciones internacionales y gobiernos de la región las consideran un avance autoritario.

La reforma llega en un contexto marcado por la represión a las protestas de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos. Tras aquellas movilizaciones, miles de nicaragüenses —incluyendo dirigentes opositores, intelectuales y religiosos— se exiliaron, y varios fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de «traición a la patria», lo que dejó a la oposición prácticamente sin representación dentro del país.

La iniciativa ha generado fuertes críticas de la comunidad internacional. Estados Unidos impulsó medidas para aislar al gobierno nicaragüense, mientras que Panamá retiró a su embajador en Managua en señal de rechazo a las políticas del régimen. Organismos de derechos humanos y defensores de la democracia en la región han manifestado su preocupación por el debilitamiento de las instituciones y la concentración del poder en el ejecutivo.

Un precedente preocupante

La reforma constitucional aprobada en primera instancia profundiza el proceso de erosión institucional que viene registrando Nicaragua en los últimos años. Con la inhabilitación de la oposición, los comicios de 2027 quedan configurados como un escenario sin competencia real, lo que ha llevado a diversos analistas a calificar el sistema político nicaragüense como una dictadura encubierta.

El gobierno, por su parte, defiende las medidas como necesarias para preservar la soberanía y la paz social, y rechaza las acusaciones de autoritarismo. Sin embargo, la comunidad internacional sigue de cerca los pasos del régimen de Ortega y Murillo, mientras el país se prepara para una segunda votación que podría sellar definitivamente el nuevo orden constitucional.