Perú autorizó un rescate financiero de USD 2.000 millones para Petroperú ante la crisis energética

El Gobierno de Perú autorizó un rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para la petrolera estatal Petroperú con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de la compañía y evitar riesgos de desabastecimiento energético en el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2026 y aparece en un contexto marcado por la crisis energética internacional, el aumento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

Según reconstruyó Infobae, los recursos serán canalizados a través de fideicomisos supervisados por ProInversión, organismo que tendrá control sobre la administración y utilización de los fondos.

El decreto, firmado por el presidente José María Balcázar, reconoce que la situación internacional generó una reducción de la oferta mundial de petróleo y un incremento significativo de los costos energéticos, afectando especialmente a países importadores como Perú.

El Gobierno peruano advirtió además que el 74% de la matriz energética nacional depende actualmente de hidrocarburos, lo que vuelve especialmente vulnerable al país frente a interrupciones en el suministro internacional o aumentos bruscos de precios.

“No se cuenta con sustituto de los combustibles que se obtienen a partir de los hidrocarburos”, sostiene el texto oficial al justificar la necesidad de implementar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad energética nacional.

El esquema aprobado permitirá que el Ministerio de Energía y Minas asuma compromisos contingentes por hasta USD 2.000 millones destinados exclusivamente a capital de trabajo, recomposición de inventarios de combustibles y financiamiento de servicios esenciales vinculados a la producción y distribución de hidrocarburos.

En la práctica, el mecanismo funcionará como un respaldo estatal para nuevas operaciones de endeudamiento de Petroperú, con el Estado actuando como garante frente a posibles incumplimientos financieros de la compañía.

El decreto también habilita operaciones de corto plazo por hasta USD 500 millones mientras se estructura el esquema principal de financiamiento.

La supervisión integral del proceso quedará en manos de ProInversión, que deberá aprobar en un plazo de diez días el protocolo de canalización y disposición de fondos, además de validar técnicamente cada una de las operaciones financieras vinculadas al rescate.

La normativa establece además que Petroperú podrá constituir vehículos de propósito especial, de manera individual o asociada, para facilitar el acceso a recursos y sostener la continuidad operativa de la empresa estatal.

En paralelo, el Gobierno decidió exceptuar temporalmente a la petrolera de ciertas disposiciones de su propio estatuto interno que podrían dificultar la implementación rápida de las medidas.

Las autoridades aclararon que los compromisos financieros asumidos no afectarán partidas destinadas a programas de electrificación rural, uno de los puntos sensibles dentro del debate presupuestario peruano.

El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y aparece pocos días después de la designación de Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del directorio de Petroperú, en medio de una reestructuración interna y del regreso de algunos directivos desplazados anteriormente.

La decisión del Ejecutivo refleja la creciente preocupación del Gobierno peruano por garantizar el abastecimiento energético en un escenario internacional inestable y por evitar un agravamiento de la situación financiera de la principal empresa estatal de hidrocarburos del país.