Promulgaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal tras la aprobación del Senado

El Gobierno nacional promulgó durante la madrugada el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, luego de su aprobación en el Senado, mediante la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial. La decisión se formalizó tras la sesión especial del viernes 26 de diciembre, en la que la Cámara alta dio luz verde a ambas iniciativas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei.

El Presupuesto 2026, aprobado por amplia mayoría, fue sancionado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, y se convirtió en el primer plan fiscal integral de la actual administración. La norma establece proyecciones macroeconómicas que incluyen un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual estimada en 10,1% y un tipo de cambio oficial que alcanzaría los $1.423 en diciembre de 2026. Además, prevé un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, con un aumento proyectado de las exportaciones del 10,6%.

El texto aprobado fija para el ejercicio 2026 un resultado financiero superavitario superior a los 2,7 billones de pesos, consolidando el equilibrio fiscal como eje central de la política económica. En cuanto a la demanda agregada, el Gobierno estima que el consumo privado crecerá 4,9%, el consumo público un 1,2% y la inversión un 9,4%, en un contexto de desaceleración inflacionaria y normalización macroeconómica.

Uno de los puntos más controvertidos del debate legislativo estuvo vinculado a la derogación de artículos que garantizaban pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles. El Presupuesto promulgado elimina disposiciones que obligaban a destinar al menos el 6% del PBI al sistema educativo, así como metas progresivas de inversión en ciencia y tecnología y asignaciones específicas al Fondo Nacional de la Defensa y a la Educación Técnico Profesional. Estas modificaciones generaron fuertes críticas de la oposición durante el tratamiento parlamentario.

En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma al régimen penal tributario que busca facilitar el uso de ahorros fuera del sistema financiero y reducir la evasión. La norma introduce un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y los contribuyentes, al establecer que se presume el cumplimiento de las obligaciones fiscales salvo que existan pruebas concretas de irregularidades.

La ley permite a los contribuyentes utilizar ahorros por hasta 100 millones de pesos sin enfrentar sanciones automáticas, siempre que no superen determinados umbrales de ingresos o patrimonio, y excluye a los grandes contribuyentes nacionales. También actualiza los montos a partir de los cuales la evasión constituye delito penal, reduce plazos de prescripción para quienes cumplen regularmente y habilita mecanismos de cancelación de deudas antes de la denuncia penal, con límites estrictos.

Con la promulgación de ambas normas, el Gobierno avanza en la consolidación de su programa económico y fiscal para 2026, combinando un esquema de fuerte disciplina presupuestaria con una reforma tributaria orientada a simplificar controles y promover el uso de ahorros, en un contexto de reconfiguración del rol del Estado en áreas clave como educación, ciencia y política fiscal.