Reforma de la ley de glaciares: desde el peronismo advierten que será judicializada
Cuestionan el proceso de audiencias públicas y alertan por el impacto sobre áreas protegidas y recursos hídricos.
El debate por la reforma de la ley de glaciares sumó nuevas tensiones políticas luego de que referentes del peronismo advirtieran que, en caso de aprobarse, la iniciativa será judicializada en el corto plazo. Las críticas se concentraron tanto en el contenido del proyecto como en el desarrollo de las audiencias públicas convocadas para discutir la modificación del régimen vigente.
La propuesta impulsada por el Gobierno busca modificar la definición de áreas periglaciares, un punto clave de la normativa actual, ya que delimita las zonas donde la actividad minera está restringida. El cambio permitiría habilitar nuevas explotaciones en regiones que hoy se encuentran protegidas, lo que generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores políticos que advierten sobre los riesgos asociados.
Uno de los principales focos de conflicto se vincula con la participación ciudadana en el proceso. Más de 100.000 personas se inscribieron para intervenir en las audiencias públicas, pero solo 360 fueron seleccionadas para exponer, en un esquema que combina presentaciones presenciales y virtuales. Esta limitación fue justificada por razones logísticas, aunque desde distintos sectores se cuestionó que no se hayan establecido criterios claros desde el inicio, lo que derivó en reclamos por falta de transparencia y representatividad.
Desde la oposición, se planteó que el proceso no cumple con los estándares de participación establecidos en la legislación ambiental vigente ni con los principios del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la intervención pública en temas ambientales. En ese marco, advirtieron que las irregularidades en el procedimiento podrían derivar en impugnaciones judiciales una vez sancionada la ley.
El debate también expone tensiones en torno al carácter estratégico de los glaciares y el agua. Según plantearon desde el espacio peronista, estos ecosistemas cumplen un rol central en el abastecimiento hídrico de numerosas cuencas del país, especialmente en contextos de sequía, lo que refuerza la necesidad de mantener criterios restrictivos para actividades que puedan afectar su preservación.
En paralelo, la discusión atraviesa divisiones políticas que exceden las fronteras partidarias. Mientras algunos gobernadores respaldan la iniciativa en función del desarrollo de actividades extractivas, otros sectores advierten sobre los riesgos ambientales y la posible pérdida de seguridad jurídica si el proceso no se ajusta a los marcos normativos vigentes.
Con este escenario, el proyecto continuará su tratamiento legislativo en medio de una fuerte controversia sobre su alcance, sus implicancias productivas y ambientales, y la legitimidad del proceso de debate. La discusión sobre la reforma de la ley de glaciares vuelve así a poner en el centro la tensión entre desarrollo económico, protección de recursos estratégicos y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.