Tensión en el Congreso por la conformación de la bicameral clave que controla los DNU
En pleno receso parlamentario, oficialismo y oposición disputan los lugares vacantes en las comisiones permanentes que deben analizar los decretos presidenciales, en medio de plazos legales y cuestionamientos judiciales.
A pesar de la feria legislativa, el Congreso volvió a convertirse en un escenario de negociaciones y tensiones políticas. El foco está puesto en la integración de dos comisiones bicamerales estratégicas que continúan funcionando durante el receso: la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
En el caso de la bicameral de Inteligencia, compuesta por 16 miembros —ocho diputados y ocho senadores—, once legisladores mantienen su lugar por tener mandato vigente hasta 2027. Sin embargo, aún restan designarse cinco integrantes: tres por el Senado y dos por Diputados. Una vez completada la nómina, deberá definirse la conducción de la comisión, que este año correspondería a la Cámara baja, tras haber estado presidida por un senador en el período anterior.
Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con representación a través de los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, y la senadora Beatriz Ávila. El PRO aporta al senador Enrique Goerling Lara y al diputado Cristian Ritondo. El peronismo mantiene presencia con Eduardo “Wado” de Pedro, María Florencia López, Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade, tras la salida de varios referentes que finalizaron su mandato en diciembre. También integran la comisión la senadora Edith Terenzi, vinculada al espacio Provincias Unidas.
Para el oficialismo libertario, esta comisión es particularmente sensible: los DNU han sido una herramienta central para introducir cambios en el funcionamiento y el presupuesto del sistema de inteligencia, incluyendo recientes modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional que ampliaron las facultades operativas de la SIDE.
La tensión se replica en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de evaluar la legalidad de los decretos presidenciales. Allí continúan nueve miembros y faltan designarse siete. La oposición presiona para completar su integración y comenzar a debatir el DNU que reformó el esquema de inteligencia, mientras el Ejecutivo estira los tiempos previstos por la ley.
Según lo establece la Ley 26.122, esta comisión debe funcionar incluso durante el receso parlamentario y tiene plazo hasta el 16 de enero para expedirse sobre los decretos en cuestión. De no hacerlo, el DNU puede ser llevado directamente al recinto. Para su rechazo, se requiere el voto negativo tanto de Diputados como del Senado; si una de las cámaras lo aprueba o no lo trata, el decreto queda firme, un punto que genera especial preocupación en los bloques opositores.
En paralelo al debate legislativo, el conflicto escaló al plano judicial. Legisladores de la Coalición Cívica y del socialismo presentaron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del DNU que reformó la SIDE, argumentando una extralimitación de facultades del Poder Ejecutivo.
El trasfondo de la disputa, según reconstrucciones difundidas por medios especializados como Infobae, revela un delicado equilibrio entre los tiempos políticos, las mayorías parlamentarias y los límites institucionales al uso de los decretos. Mientras tanto, el Congreso permanece en receso formal, pero con una pulseada que promete intensificarse en los próximos días.