Chile, Uruguay y Costa Rica lideran la seguridad jurídica para los agronegocios en América Latina
Un ranking de la Cámara de Comercio de Estados Unidos evalúa el Estado de derecho en 149 economías y ubica a esos tres países a la cabeza de la región, mientras Brasil, Argentina y México, grandes protagonistas del comercio agroalimentario, aparecen más atrás.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó su informe Global Rule of Law and Business Dashboard, que evaluó las condiciones del Estado de derecho en 149 economías. Los resultados muestran importantes diferencias entre los países latinoamericanos y plantean un interrogante estratégico para el sector agropecuario: hasta qué punto la seguridad jurídica influye en las decisiones de inversión, producción y exportación de alimentos.
El estudio analiza cinco pilares: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso. Noruega encabezó la clasificación mundial con 92,1 puntos, mientras Venezuela ocupó el último puesto con 9. En América Latina, Chile lideró con 75,1 puntos, seguido por Uruguay y Costa Rica. El indicador no mide específicamente la competitividad agrícola, pero ofrece una referencia sobre el entorno institucional en el que operan productores, agroindustrias, proveedores de tecnología y empresas vinculadas con el comercio exterior.
Uno de los datos más relevantes es la ubicación de tres grandes protagonistas del comercio agroalimentario regional. Brasil aparece en el puesto 55, con 55 puntos; Argentina en el 56, con 54,8; y México en el 91, con 43,6. La comparación evidencia que el peso productivo y exportador de una economía no necesariamente coincide con su desempeño institucional. Los tres países cuentan con importantes cadenas de valor agroalimentarias, aunque presentan estructuras productivas, marcos regulatorios y vínculos comerciales diferentes.
Completan la tabla regional Colombia (54), Panamá (68), República Dominicana (73), Perú (76), Paraguay (95), Ecuador (102), Honduras (105), El Salvador (107), Guatemala (110), Bolivia (118) y Nicaragua (140). Para los agronegocios, la previsibilidad constituye una variable económica concreta. Las inversiones en maquinaria, riego, infraestructura de almacenamiento, plantas de procesamiento y tecnificación suelen necesitar varios años para recuperar el capital comprometido. En ese horizonte, los cambios regulatorios, las dificultades para ejecutar contratos o la incertidumbre sobre derechos de propiedad pueden modificar la rentabilidad esperada.
El informe advierte además sobre debilidades regionales. Las Américas alcanzaron una puntuación media de 49,8, frente al promedio mundial de 50,7. La estabilidad obtuvo 44,9 puntos y el indicador de control de la delincuencia apenas 31,6. Para las cadenas agroalimentarias, estos factores pueden traducirse en mayores exigencias de seguridad durante el transporte, riesgos sobre activos productivos y dificultades operativas.
La relación con Estados Unidos incorpora otra dimensión al análisis. El comercio agroalimentario entre ese país y América Latina comprende granos, carnes, frutas, hortalizas, alimentos procesados, maquinaria e insumos. En ese escenario, la seguridad jurídica puede convertirse en un factor de diferenciación para atraer inversiones y consolidar relaciones comerciales de largo plazo. Los acuerdos comerciales establecen distintos marcos de intercambio, pero su aprovechamiento también depende de la implementación de normas, los procedimientos aduaneros y la resolución de controversias.
Lesly Henderson-Rubio, directora para las Américas de la Cámara de Comercio estadounidense, destacó que la previsibilidad de las reglas resulta fundamental para comprometer capital y planificar inversiones. Esa perspectiva adquiere especial relevancia en la agroindustria, donde los contratos internacionales pueden involucrar múltiples campañas productivas, certificaciones, normas fitosanitarias y exigencias de trazabilidad.
A esa ecuación se suman desafíos que el ranking no evalúa específicamente: logística de exportación, infraestructura portuaria y vial, barreras arancelarias y no arancelarias, variabilidad climática y acceso al financiamiento. También crece la importancia de la agricultura digital, la biotecnología, la sustentabilidad y las certificaciones vinculadas con la huella de carbono e hídrica. Por lo tanto, una mejor posición institucional no garantiza por sí sola una mayor competitividad agroexportadora.
El análisis permite identificar cinco aspectos que deberían formar parte de cualquier evaluación de inversión agroindustrial: estabilidad de las reglas comerciales, protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, transparencia administrativa y mecanismos confiables de resolución de conflictos. La conclusión para América Latina es que el potencial agroexportador necesita acompañarse de instituciones previsibles, innovación y políticas capaces de sostener inversiones de largo plazo.