El Gobierno redujo impuestos para incentivar inversiones en riego agrícola

La nueva legislación nacional incorporó beneficios fiscales para productores que utilicen sistemas de riego y tecnologías de eficiencia energética. La medida apunta a reducir costos productivos y ampliar la superficie irrigada en el país.

El Gobierno nacional oficializó una serie de beneficios impositivos destinados a impulsar inversiones en sistemas de riego para la producción agropecuaria. La medida quedó incorporada en la Ley 27.802/2026 de Modernización Laboral y busca fortalecer la competitividad del sector mediante una reducción de costos vinculados al uso de energía eléctrica y la adquisición de equipamiento tecnológico.

Uno de los principales cambios establecidos por la normativa es la reducción de la alícuota del IVA aplicada al consumo de energía eléctrica destinada al riego agrícola, que pasará del 27% al 10,5%. Según se indicó desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la medida apunta a aliviar los costos operativos de los productores que utilizan sistemas de irrigación en sus establecimientos.

La legislación también incorpora incentivos fiscales vinculados a inversiones en equipamiento. A través del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), los productores podrán acceder a mecanismos de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para la compra de equipos de riego y tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética.

Además, se estableció un esquema que permitirá recuperar créditos fiscales del IVA en períodos más breves, reduciendo los tiempos de devolución del impuesto y mejorando la liquidez financiera de los productores agropecuarios.

Desde el sector oficial sostienen que estas herramientas pueden favorecer especialmente la incorporación de sistemas de riego tecnificados, como el riego por pivote central y el riego por goteo, tecnologías que permiten optimizar el uso del agua y mejorar la productividad de los cultivos.

Las medidas se suman a otras políticas implementadas recientemente para reducir costos de inversión en infraestructura agrícola, entre ellas la baja de aranceles para la importación de equipos de riego y la eliminación del impuesto PAIS sobre determinados bienes vinculados al sector productivo.

De acuerdo con datos oficiales, durante los últimos dos años la superficie irrigada en Argentina se incrementó en más de 55 mil hectáreas, impulsada por la incorporación de nuevos sistemas de riego y tecnologías asociadas.

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 2,1 millones de hectáreas bajo riego, aunque estudios técnicos estiman que existe potencial para expandir significativamente esa superficie en distintas regiones productivas gracias a la disponibilidad de recursos hídricos y suelos aptos para la actividad.

Especialistas del sector consideran que el desarrollo de infraestructura de riego resulta clave para enfrentar la variabilidad climática y reducir riesgos productivos derivados de sequías y eventos extremos, además de permitir una mayor estabilidad en los rendimientos agrícolas.