Dudas sobre el superávit fiscal: analistas advierten que es “real en lo contable, pero frágil en lo económico”

El superávit fiscal volvió a ubicarse en el centro de la política económica del Gobierno de Javier Milei, pero crecen las dudas en el mercado sobre su sostenibilidad en el tiempo. Analistas advierten que el equilibrio de las cuentas públicas se sostiene más en ajustes del gasto que en una mejora estructural de los ingresos.

Según consignó Ámbito Financiero, distintas consultoras consideran que el resultado fiscal es “real en términos contables, pero artificial en términos económicos”, debido a que se apoya principalmente en recortes y no en un crecimiento genuino de la actividad.

El esquema actual se basa en una fuerte reducción del gasto público. El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso recortes del 2% en los gastos corrientes de todos los ministerios y del 20% en los gastos de capital, en un intento por sostener el equilibrio fiscal en el corto plazo.

Sin embargo, este enfoque genera tensiones. La recaudación tributaria muestra una caída sostenida en términos reales: en abril alcanzó los $17,4 billones, con un incremento nominal del 27% interanual, pero por debajo de una inflación estimada del 32,4%, lo que implica una baja real cercana al 4% y marca el noveno descenso consecutivo.

En el primer trimestre del año, el Gobierno logró un superávit primario de $6,8 billones. No obstante, especialistas señalan que parte de ese resultado se explica por el uso de recursos extraordinarios, como ingresos por privatizaciones, utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la postergación de pagos.

Además, una porción significativa de esos recursos se destinó al pago de intereses de deuda, que registraron un aumento del 76% en términos reales.

El informe también advierte sobre un efecto circular del ajuste fiscal: la contracción del gasto impacta negativamente en la actividad económica, lo que reduce la recaudación y obliga a nuevos recortes para sostener el equilibrio.

Este fenómeno se traduce en una caída del 37% en los salarios públicos, una reducción superior al 50% en las transferencias a provincias y recortes en áreas sensibles como programas sociales, salud y educación.

En el sistema previsional —que representa casi la mitad del gasto primario— se observa una pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones mínimas, con un bono congelado desde marzo de 2024.

También se registran ajustes en áreas clave del Estado. Se redujo personal en programas de salud, vacunación y control de enfermedades, mientras que el sistema científico-tecnológico muestra un deterioro significativo, con caída de financiamiento, reducción de investigadores en el CONICET y despidos en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional.

En el ámbito educativo, el financiamiento universitario cayó en términos reales y los salarios docentes acumulan pérdidas significativas desde fines de 2023.

Por su parte, la inversión en infraestructura se redujo un 44% en 2025, alcanzando el nivel más bajo en dos décadas, con un impacto directo en obras estratégicas. Entre ellas, se menciona la demora en la reversión del Gasoducto Norte, que podría obligar a importar gas natural licuado a costos elevados en un contexto internacional adverso.

En este escenario, especialistas advierten que el actual esquema fiscal presenta un carácter procíclico: el ajuste reduce la actividad económica, lo que a su vez debilita los ingresos y genera la necesidad de nuevos recortes.

El desafío, según los analistas, radica en lograr un equilibrio fiscal sostenible basado en el crecimiento económico y la expansión de la base tributaria, en lugar de depender exclusivamente de la contracción del gasto público.

De lo contrario, el modelo podría enfrentar crecientes dificultades para sostenerse en el mediano plazo y para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales del Estado.