Costa Rica pide a Estados Unidos quedar fuera de un arancel del 12,5%

El Gobierno de Costa Rica solicitó a Estados Unidos que excluya a sus exportaciones de un arancel del 12,5% contemplado en una investigación relacionada con el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

El Ministerio de Comercio Exterior presentó observaciones formales ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos con el objetivo de demostrar que los bienes costarricenses cumplen las normas vigentes y forman parte de cadenas productivas regionales transparentes y legalmente integradas.

La gestión busca además preservar las condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR.

El Gobierno costarricense sostuvo que la aplicación del nuevo gravamen afectaría uno de los principales pilares de su comercio exterior, debido a que Estados Unidos constituye el destino más importante para las exportaciones nacionales.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, afirmó que Costa Rica no pretende sustituir la producción estadounidense, sino complementarla mediante cadenas de suministro más seguras, diversificadas y competitivas.

Según explicó, numerosos productos costarricenses participan de procesos regionales de producción y abastecimiento que fortalecen la seguridad económica y reducen la dependencia de proveedores concentrados en otras regiones del mundo.

La propuesta estadounidense fue presentada el 3 de junio y prevé aplicar aranceles del 10% o del 12,5%, de acuerdo con la categoría asignada a cada una de las economías incluidas en la investigación.

El argumento central es que determinados países no habrían adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes elaborados en terceros territorios bajo condiciones de trabajo forzoso.

En el caso de Costa Rica, la tasa prevista sería del 12,5%. Las autoridades consideran que ese porcentaje podría reducir la competitividad de sus productos y alterar las condiciones comerciales establecidas por el acuerdo regional.

La investigación comprende a unas 60 economías. Además de Costa Rica, la lista incluye a México, Argentina, Ecuador, El Salvador, Canadá, Israel, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros mercados.

Todos estos países y bloques fueron incorporados al proceso por una supuesta falta de controles suficientes para evitar que bienes producidos bajo condiciones laborales irregulares ingresen a sus mercados y posteriormente formen parte de cadenas comerciales vinculadas con Estados Unidos.

La propuesta todavía no se encuentra vigente. Antes de adoptar una decisión definitiva, las autoridades estadounidenses abrirán un proceso de consulta pública y realizarán una serie de audiencias.

Durante esa instancia, los gobiernos, empresas y organizaciones alcanzadas podrán presentar información, formular objeciones y solicitar modificaciones o exclusiones.

Costa Rica busca aprovechar ese procedimiento para explicar su sistema de controles, defender la trazabilidad de sus productos y remarcar la importancia de mantener los beneficios comerciales establecidos en el CAFTA-DR.

El Gobierno también pretende demostrar que la participación del país en las cadenas de suministro regionales beneficia a las empresas estadounidenses, ya que aporta insumos, productos y servicios complementarios.

Trejos señaló que la integración económica entre ambos países contribuye a construir cadenas más resistentes frente a crisis logísticas, tensiones geopolíticas y cambios abruptos en el comercio internacional.

La funcionaria sostuvo que la cooperación regional debe continuar siendo uno de los principales instrumentos para fortalecer la producción, ampliar las inversiones y garantizar el abastecimiento.

La eventual aplicación del arancel tendría un impacto significativo sobre el sector exportador costarricense. Estados Unidos concentra una parte central de las ventas externas del país y mantiene una relación estrecha con actividades como la manufactura avanzada, los dispositivos médicos, la agroindustria y los servicios.

Un recargo del 12,5% podría encarecer los productos al momento de ingresar al mercado estadounidense y reducir su competitividad frente a proveedores de otros países.

También podría generar dificultades para empresas que organizaron sus inversiones, contratos y planes de producción sobre la base de las condiciones preferenciales reconocidas por el tratado comercial.

Por ese motivo, el Gobierno considera que la medida debe analizarse teniendo en cuenta los compromisos previamente asumidos y el nivel de integración alcanzado entre las economías.

La solicitud de exclusión se produce en un contexto de endurecimiento de la política comercial estadounidense y de mayor atención sobre el origen de los productos, las prácticas laborales y la seguridad de las cadenas de abastecimiento.

Estados Unidos incrementó durante los últimos años el uso de aranceles, investigaciones comerciales y controles de importación como herramientas para proteger su producción y exigir mayores estándares a sus socios.

Costa Rica, por su parte, busca mantener una relación comercial estable y evitar que la investigación afecte sectores que dependen de la demanda estadounidense.

Las autoridades continuarán participando del proceso de consulta y aportarán documentación para demostrar que el país cuenta con mecanismos legales e institucionales contra el trabajo forzoso y otras prácticas laborales irregulares.

El resultado del procedimiento determinará si las exportaciones costarricenses conservan las preferencias actuales o quedan alcanzadas por el nuevo arancel.

Mientras avanza la evaluación, el Gobierno reafirmó su compromiso de defender al sector exportador y sostuvo que la cooperación, la integración productiva y el respeto de los acuerdos comerciales son fundamentales para el desarrollo económico de Costa Rica y Estados Unidos.