Cuatro países de Centroamérica quedaron en el centro de una nueva red de traslados migratorios desde Estados Unidos

El sistema de deportaciones aéreas de Estados Unidos alcanzó en julio de 2026 su mayor volumen desde que comenzó su registro en 2020: 2.159 vuelos de cumplimiento migratorio en un solo mes, de los cuales 329 fueron deportaciones internacionales hacia 37 países. Centroamérica absorbió cerca de un tercio de esas operaciones, según el informe ICE Flight Monitor de julio de 2026, elaborado por Human Rights First. El dato que define el mes no es solo la escala, sino la velocidad: el 30 de julio se registraron 22 vuelos de deportación en una sola jornada, la cifra más alta en la historia del monitoreo.

Con 63 vuelos de deportación en julio, Guatemala se consolidó como el segundo destino más frecuente después de México, que concentró 128 operaciones. Respecto del mes anterior, el incremento fue del 58%, y frente a julio de 2025, del 17%. En total, 7.035 guatemaltecos fueron deportados durante el mes, un 62% más que en el mismo período del año anterior. Guatemala no solo recibe a sus propios nacionales. El presidente Bernardo Arévalo confirmó el 19 de agosto que, en lo que va de 2026, 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron al país como escala de tránsito. «Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas», explicó en conferencia de prensa.

Según el diario Infobae, el salto en 2026 refleja un cambio de estrategia que organismos de derechos humanos interpretan como una forma de presión sobre Ciudad de México. «Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera», señaló Savitri Arvey, de Human Rights First, a la agencia AP. En 2025, Guatemala había recibido apenas 15 mexicanos bajo esta modalidad.

El caso de Honduras introduce una dimensión diferente: el uso de aeronaves militares para deportar civiles. En julio, 13 de los 45 vuelos de deportación al país fueron realizados con aviones C-17 Globemaster y C-130J de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tras la reanudación de estos vuelos en junio. Todos partieron desde la base de ICE Air en Harlingen, Texas, con destino a San Pedro Sula. El 17 de agosto, un avión militar procedente de Fort Lauderdale, Florida, llegó a Honduras con 86 migrantes a bordo, entre ellos 50 hondureños y 36 mexicanos. Esa misma semana, documentos oficiales hondureños confirmaron que el 13 y el 15 de agosto llegaron 82 mexicanos más en dos vuelos separados, con 35 adicionales programados para el 20 de agosto.

Costa Rica y Panamá operan bajo una lógica distinta: no son destinos primarios de sus propios nacionales, sino nodos dentro de la arquitectura de deportaciones a terceros países. En julio, Costa Rica recibió cinco vuelos procedentes de Harlingen, Texas, todos con personas que no son costarricenses: 99 en total, bajo un Memorando de Entendimiento firmado en 2026. El país aceptó recibir hasta 25 deportados por semana bajo ese acuerdo, según reveló en febrero un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Ese mismo documento estimó que Washington destinó al menos USD 32,3 millones a cinco gobiernos extranjeros para que aceptaran migrantes deportados. Panamá, por su parte, realizó en julio dos vuelos propios financiados por Estados Unidos: uno a Nicaragua con 20 personas y otro a Colombia con 41. Desde agosto de 2024 hasta julio de 2026, el país ejecutó 74 vuelos bajo ese esquema, principalmente hacia Colombia y Ecuador.

El Salvador sumó 18 vuelos de deportación en julio, con salidas principalmente desde Alexandria, Louisiana, lo que eleva el total anual a 101 operaciones. Nicaragua recibió nueve vuelos durante el mismo mes, con origen en Alexandria y Harlingen. Entre enero y marzo de 2026, más de 2.500 nicaragüenses habían sido deportados.

El sistema descrito por Human Rights First no opera en un vacío jurídico. Amnistía Internacional advirtió en junio que las deportaciones a terceros países violan el principio de non-refoulement del derecho internacional, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde corra riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos. La organización documentó que al menos 30 países firmaron acuerdos con Washington y que, en varios de ellos, los deportados fueron detenidos arbitrariamente sin acceso a representación legal. Los 1.363 vuelos de traslado interno entre 61 ciudades estadounidenses registrados en julio, cifra sin precedentes desde 2020, completan el cuadro: detrás de cada vuelo internacional hay una red doméstica de detención y redistribución que opera a una escala que ningún mes anterior había alcanzado.