Chile: Kast impulsa la salida voluntaria de migrantes mientras enfrenta trabas para deportaciones a Venezuela
Desde la llegada del mandatario, más de 2.100 venezolanos en situación irregular abandonaron Chile por cuenta propia, en un contexto de tensiones diplomáticas que dificultan las expulsiones forzadas.
El Gobierno de José Antonio Kast informó que 2.180 migrantes venezolanos en situación irregular han salido voluntariamente de Chile desde su triunfo electoral en diciembre pasado, en el marco de una estrategia que busca enfrentar las limitaciones operativas y diplomáticas para ejecutar expulsiones formales hacia ese país.
La cifra se conoce en un contexto en el que las autoridades chilenas enfrentan un escenario complejo: existen más de 44.000 extranjeros sin papeles en condiciones de ser expulsados, de los cuales aproximadamente el 65% son venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones consulares con Venezuela impide avanzar con deportaciones directas, lo que ha llevado al Ejecutivo a priorizar mecanismos alternativos, como la salida voluntaria.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años —entre 2022 y 2025— un total de 24.525 venezolanos abandonaron el país mediante este mecanismo, lo que representa el 76% del total de salidas voluntarias registradas en ese período. Este flujo equivale a un promedio anual de más de 6.000 personas. Solo en 2025, 6.613 migrantes irregulares dejaron Chile por esta vía, de los cuales 5.212 eran venezolanos.
El procedimiento de salida voluntaria implica que el migrante gestione su propio pasaje y solicite un permiso ante el Servicio Nacional de Migraciones. Una vez autorizado, debe presentarlo ante la Policía de Investigaciones y cuenta con un plazo de 15 días para abandonar el país. En el primer trimestre de 2026, entre enero y marzo, se registraron 1.831 salidas bajo este esquema.
En paralelo, el Ejecutivo chileno comenzó a reactivar los operativos de expulsión. Esta semana se concretó el primer vuelo de deportación desde la asunción de Kast, en el que fueron trasladados 40 migrantes —19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos— en una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile. Ninguno de los expulsados era venezolano, precisamente por las dificultades para coordinar su retorno.
Autoridades del área de seguridad y migraciones indicaron que se evalúan medidas para facilitar la salida voluntaria, cuyos detalles podrían anunciarse en los próximos días. Al mismo tiempo, remarcaron que las expulsiones continuarán ejecutándose tanto en vuelos especiales como en operaciones comerciales, aunque por razones de seguridad no se difunden con antelación.
La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los ejes centrales del actual gobierno, que asumió con una agenda de emergencia enfocada en seguridad, economía y control fronterizo. En ese marco, la imposibilidad de repatriar ciudadanos venezolanos expulsados ha obligado a rediseñar la estrategia, privilegiando mecanismos que sí permiten el reingreso en su país de origen.
En el plano diplomático, la relación con Venezuela atraviesa un momento de tensión. Durante una reciente visita a Argentina, Kast señaló que un eventual cambio político en ese país permitiría restablecer relaciones consulares y facilitar los procesos de expulsión. Las declaraciones fueron respondidas por el canciller venezolano, quien cuestionó el tono del mandatario chileno y consideró que dificulta cualquier posibilidad de diálogo bilateral.
Por otro lado, las autoridades chilenas destacaron una disminución sostenida en los ingresos irregulares al país. Tras alcanzar un máximo histórico en 2021, las denuncias por ingreso clandestino han mostrado una tendencia descendente, con 29.269 casos registrados en 2024, lo que representa una caída del 33,8% respecto del año anterior. En los primeros meses de 2025, la reducción fue aún mayor en términos interanuales.
En esa línea, el Gobierno señaló que entre el 11 de marzo y el 11 de abril de este año se registraron 2.101 denuncias por ingreso irregular, frente a las 6.437 contabilizadas en el mismo período de 2022, lo que implica una disminución del 67,4%.
El Ejecutivo anunció además que, a través del Servicio Nacional de Migraciones, publicará cada 15 días información actualizada sobre las personas en situación irregular y las expulsiones previstas, en un intento por dar mayor transparencia a la gestión migratoria. En este contexto, la política de control migratorio combina medidas de expulsión, incentivos a la salida voluntaria y un discurso orientado a reforzar la seguridad fronteriza.