El Gobierno reglamentó el RIMI y busca impulsar inversiones productivas de pymes y empresas medianas
El nuevo régimen establece beneficios fiscales, mecanismos digitales de inscripción y controles específicos para proyectos vinculados a industria, agro, energía e infraestructura productiva.
El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta orientada a promover proyectos productivos de pequeñas, medianas y microempresas mediante beneficios fiscales y mecanismos simplificados de gestión administrativa. La medida fue oficializada a través de una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial y elaborada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las secretarías de Energía y Agricultura.
El nuevo esquema busca incentivar inversiones nacionales y extranjeras destinadas a fortalecer cadenas de valor, mejorar la competitividad y aumentar la capacidad exportadora de distintos sectores productivos de la economía argentina.
La reglamentación establece además cómo deberán inscribirse las empresas, qué tipo de inversiones podrán ingresar al régimen y cuáles serán los mecanismos de control y auditoría para acceder a los beneficios fiscales previstos.
El RIMI fue creado a partir de la Ley 27.802 y apunta especialmente a proyectos vinculados a infraestructura productiva, bienes amortizables, sistemas de riego, eficiencia energética y equipamiento industrial.
Entre los principales incentivos contemplados aparecen la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA para inversiones productivas alcanzadas por el régimen. También se prevén beneficios específicos para proyectos asociados a eficiencia energética y desarrollo agroindustrial.
El esquema está dirigido principalmente a microempresas, pequeñas empresas y medianas firmas de tramo 1 y 2. Además, algunas entidades sin fines de lucro podrán acceder al régimen bajo determinadas condiciones establecidas por la normativa.
Para ingresar, las compañías deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y mantener regularizada su situación fiscal ante ARCA. En el caso de asociaciones civiles, mutuales o fundaciones, será necesaria además una caracterización especial emitida por la Secretaría de Industria.
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la digitalización integral de los trámites administrativos. Toda la operatoria funcionará mediante una nueva plataforma denominada Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), administrada por ARCA.
A través de ese sistema las empresas podrán registrar inversiones, seleccionar beneficios fiscales, presentar documentación técnica y acreditar avances de obra sin necesidad de realizar trámites presenciales.
El régimen contempla inversiones vinculadas a maquinaria, infraestructura productiva, bienes amortizables, equipamiento agrícola, sistemas de riego, mallas antigranizo, eficiencia energética y bienes semovientes, entre otros rubros productivos. Algunas inversiones del sector agropecuario y energético incluso podrán incorporarse sin cumplir montos mínimos de inversión.
La reglamentación también establece una serie de requisitos documentales para acceder a los beneficios. Las empresas deberán presentar facturas, contratos, certificados de avance de obra, informes técnicos y documentación respaldatoria emitida por profesionales matriculados.
En paralelo, el Gobierno fijó mecanismos de control y auditoría sobre las firmas adheridas al régimen. ARCA verificará que las empresas no registren deudas exigibles al momento de solicitar beneficios fiscales, mientras que las secretarías de Energía y Agricultura podrán realizar inspecciones y controles específicos sobre los proyectos declarados.
En caso de incumplimientos, el Estado podrá reclamar la devolución de créditos fiscales otorgados, exigir impuestos no ingresados, aplicar multas e intereses y disponer la pérdida total de los beneficios promocionales.
La reglamentación del RIMI aparece además en un contexto donde distintos sectores industriales vienen reclamando herramientas de incentivo específicas para sostener inversiones productivas, ampliar capacidad instalada y mejorar competitividad frente al nuevo escenario económico y comercial.